Pago a 30 días: un compromiso que sigue esperando tramitación

La Ley de Pago a 30 Días, promulgada en 2019, surgió como una medida crucial para garantizar la estabilidad financiera de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) al establecer un plazo máximo para recibir pagos por sus bienes o servicios. Sin embargo, a pesar de los años transcurridos, la normativa sigue enfrentando desafíos en su implementación, lo que ha motivado propuestas para perfeccionar la normativa.

El proyecto liderado por el ministro de Economía, Nicolás Grau, buscaba fortalecer la fiscalización y establecer sanciones más estrictas para quienes incumplen la ley. No obstante, la tramitación de estas modificaciones ha enfrentado múltiples retrasos, generando frustración en el sector empresarial y dejando a miles de PYMEs desprotegidas frente a los incumplimientos de pago.

El proyecto de perfeccionamiento de la Ley de Pago a 30 Días fue presentado hace varios meses, pero desde entonces no ha logrado avanzar significativamente en el Congreso.

“Mientras el proyecto permanece sin avances, las PYMEs continúan enfrentando los efectos del incumplimiento de los plazos de pago. Para estas empresas, que generan más del 50% del empleo en Chile, la falta de ingresos a tiempo no solo pone en riesgo su operación, sino que también limita su capacidad para reinvertir, innovar y crecer”, explica Camila Castro, Directora de la Carrera de Contador Auditor del Campus Virtual de UDLA.

Y añade que “el sector público no ha implementado medidas suficientes para mejorar la gestión de pagos. Esto ha sido especialmente evidente en municipalidades y servicios de salud, donde los atrasos son frecuentes y afectan a cientos de proveedores pequeños”

La profesional de Universidad de Las Américas comenta que entre las medidas propuestas por las autoridades para enfrentar este escenario destaca:

1. Sanciones más estrictas: penalizar a las entidades que incumplan los plazos establecidos, con especial énfasis en el sector público.
2. Fortalecimiento administrativo: apoyar a las municipalidades y otras instituciones públicas con capacitaciones y herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de pagos.
3. Sistema de denuncias: crear un mecanismo que permita a las PYMEs reportar incumplimientos de manera rápida y efectiva.

“El retraso en la tramitación de este proyecto pone en evidencia una falta de prioridad hacia las PYMEs, que son el motor de la economía chilena. Garantizar el pago a tiempo no es solo una cuestión de justicia económica, sino también un compromiso con el desarrollo sostenible y equitativo del país. Cada día que pasa sin una solución concreta, cientos de empresas enfrentan incertidumbre financiera, poniendo en riesgo no solo sus operaciones, sino también el bienestar de las comunidades que dependen de ellas”, finaliza la experta.

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