Se decretó la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia. “El fallo es muy sólido y fundamentado”, dijo AMSA.
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Pakistán solicitó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) anular el fallo que obligó a la república islámica pagar US$ 5.900 millones a la empresa Tethyan Copper Company (TCC), perteneciente a Antofagasta Minerals (del grupo Luksic) y Barrick Gold.
El organismo del Banco Mundial, resolvió que el país islámico debe pagar el millonario monto más intereses a Tethyan por daños y perjuicios por denegarle, en 2011, la solicitud de una licencia minera para el proyecto Reko Diq, ubicado en ese país.
Frente a esto, y para que el pago se haga efectivo, TCC presentó una “petición para hacer cumplir el fallo arbitral” ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
No obstante, los representantes de Pakistán presentaron ante el Ciadi un recurso de carácter excepcional. “El secretario general registró una solicitud de anulación del laudo presentada por la República Islámica de Pakistán y notifica a las partes la suspensión pro-visional de la ejecución del dictamen”, dice una reciente resolución del organismo.
Según la normativa del Ciadi, las partes pueden pedir la anulación de un fallo, fundada en una o más de las siguientes causas: que el tribunal se constituyó incorrectamente; que el juzgado se ha extralimitado manifiestamente en sus facultades; que hubo corrupción de algún miembro del mismo; que ha habido quebrantamiento grave de una norma de pro-cedimiento; o que no se han expresado en el laudo los motivos en que se funda la senten-cia.
Consultados, desde Antofagasta Minerals señalaron: “El fallo del Ciadi es muy sólido y fundamentado. Es importante considerar que hubo ocho años de litigio antes de que emi-tiera su decisión. Como es un tema judicial, no vamos a emitir mayores comentarios”.
Tethyan Copper descubrió la enorme reserva de minerales en Reko Diq, a los pies de un volcán extinto cerca de la frontera paquistaní con Irán y Afganistán, hace más de una dé-cada. El depósito iba a convertirse en uno de los mayores yacimientos de cobre y oro del mundo.
La compañía dijo que había invertido más de US$ 220 millones cuando en el 2011 el go-bierno paquistaní se rehusó sorpresivamente a entregar una autorización de explotación que le impidió seguir operando.
El origen del problema se explica porque una corte de Pakistán declaró nulo el acuerdo de joint venture firmado en primera instancia en 1993 entre el gobierno de Baluchistán y la australiana BHP, tras lo cual ésta vendió su participación en Tethyan, que era una empre-sa de exploración, la que posteriormente fue adquirida por el brazo minero de los Luksic.
En medio de la larga disputa arbitral, el procurador general de Pakistán acusó a las em-presas mineras de obtener la licencia de manera corrupta. Tethyan no demoró en contes-tar y afirmó que la acusación fue un intento de su contraparte de evadir su responsabili-dad.
Durante el proceso ante la entidad dependiente del Banco Mundial, Pakistán logró reducir el reclamo de TCC, que originalmente era superior a los US$ 16 mil millones.
Pese a esto, la sanción aplicada ha sido cuestionada por economistas como Jeffrey Sachs, quien publicó un artículo titulado “Cómo los árbitros del Banco Mundial asaltaron a Pakistán”. Ahí cuestionó la forma cómo el Ciadi otorgó una compensación multimillonaria por un negocio que aún estaba en sus inicios.
