Panamá toma una decisión firme en el sector minero que podría tener un impacto significativo en las empresas involucradas.
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La industria minera en Panamá se encuentra en un estado de incertidumbre a medida que el gobierno de Laurentino Cortizo toma medidas drásticas para proteger el medio ambiente y satisfacer las preocupaciones de la población. En una reciente y sorprendente movida, el gobierno ha rechazado la solicitud de extensión de permiso presentada por Orla Mining, una empresa con activos tanto en México como en Nevada, Estados Unidos.
Un futuro incierto para Orla Mining
Orla Mining ha estado siguiendo de cerca los acontecimientos en Panamá, especialmente después de que First Quantum se vio obligada a cerrar su gigantesca mina de cobre, Cobre Panamá, debido a la creciente incertidumbre en el país centroamericano. A raíz de esta decisión gubernamental, Orla Mining ha tomado la determinación de no considerar ningún gasto adicional para desarrollar su proyecto Cerro Quema.
En una declaración oficial, Orla Mining expresó su intención de explorar todas las vías legales disponibles para proteger sus inversiones históricas y posiblemente generar valor adicional para sus partes interesadas. Esto incluye la posibilidad de tomar medidas para salvaguardar sus derechos según el derecho internacional.
El proyecto Cerro Quema en juego
El proyecto Cerro Quema es de gran importancia para Orla Mining. Se espera que involucre la explotación a cielo abierto de 21,7 millones de toneladas de mineral de los tajos La Pava y Quema-Quemita. Con una construcción planificada en múltiples fases, se proyecta que esta operación pueda producir unas 81,000 onzas de oro a lo largo de su vida útil estimada de seis años.
Además del impacto en la producción de oro, Orla Mining estima que durante la fase de construcción se generarían alrededor de 3,600 empleos directos e indirectos, con otros 1,200 empleos durante la fase de operación.
Protestas masivas contra la minería
La decisión del gobierno de Laurentino Cortizo se produce en medio de protestas masivas contra la minería en Panamá, lo que ha llevado a la aprobación de una ley el 2 de noviembre que prohíbe todas las nuevas concesiones mineras y extensiones de permisos en el país. Esta medida ha dejado a otras empresas activas en Panamá, como Franco-Nevada, Antler Gold y A.I.S. Recursos, en un estado de incertidumbre en cuanto a cómo afectará sus proyectos y operaciones en curso.
El futuro de la industria minera en Panamá sigue siendo incierto, y las empresas se ven obligadas a adaptarse a un entorno cambiante y desafiante.
