Por: Patricio Cartagena D. Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN
He sostenido de manera consistente —y lo reiteré recientemente como expositor en la conferencia organizada por Netmin, titulada “Transformando pasivos ambientales en activos de la industria minera”— que uno de los principales déficits de la política minera chilena no es geológico, ni tecnológico, sino conceptual y regulatorio: seguimos tratando los pasivos mineros exclusivamente como un problema heredado del pasado, y no como una oportunidad estratégica para el futuro de la industria.
Esta convicción no surge de una aproximación teórica, sino del análisis jurídico, técnico y comparado de la evolución reciente de la minería global. En un contexto marcado por la transición energética, la presión sobre nuevos yacimientos y la competencia internacional por minerales críticos, persistir en una estrategia centrada casi exclusivamente en la minería primaria resulta insuficiente.
Chile enfrenta hoy la necesidad de dar un paso adicional: pasar desde la hoja de ruta a un marco legal habilitante, incorporando explícitamente la minería secundaria y la valorización de pasivos mineros como parte integral de su modelo de desarrollo minero.
Una estrategia incompleta
La Estrategia Nacional de Minerales Críticos permitió instalar un debate relevante y reconocer la importancia geopolítica y económica de ciertos minerales para el país.
Sin embargo, estos avances no lograron incorporar de manera estructural el concepto de pasivos mineros valorizables. La estrategia reconoce la necesidad de asegurar suministro futuro, pero desatiende explícitamente el stock mineral ya extraído, contenido en relaves y depósitos históricos, que permanece fuera del sistema productivo y regulatorio.
Refleja una preferencia implícita por la minería primaria, replicando un modelo conocido, pero cada vez más tensionado por factores sociales, ambientales y territoriales.
Pasivos mineros: stock estratégico subutilizado
Desde una perspectiva técnica y económica, los pasivos mineros constituyen stock mineral disponible, no reservas geológicas. Relaves históricos en Chile contienen concentraciones
relevantes de cobre, cobalto, molibdeno, tierras raras y otros elementos hoy considerados críticos o estratégicos.
El reprocesamiento de estos pasivos permite recuperar minerales que se integran a la producción nacional, reducir pasivos ambientales históricos, disminuir conflictos territoriales y generar valor con una huella ambiental comparativamente menor.
Pese a ello, el marco regulatorio chileno no distingue adecuadamente entre el impacto histórico del pasivo y la nueva intervención destinada a su recuperación o remediación productiva. En la práctica, quien busca hacerse cargo de un pasivo asume cargas regulatorias similares —o incluso superiores— a las de un proyecto de minería primaria. Este diseño normativo, concebido para contener riesgos, termina desincentivando soluciones.
El ejemplo europeo: cuando la política pública decide habilitar
La experiencia internacional demuestra que este dilema puede resolverse. La Unión Europea lo hizo mediante la adopción de la Critical Raw Materials Act (CRMA), publicada en 2024.
Esta normativa reconoce que la seguridad de suministro de materias primas críticas no puede depender exclusivamente de nueva extracción, e incorpora la recuperación desde fuentes secundarias como un pilar estratégico. Por primera vez a este nivel normativo, los residuos mineros y pasivos históricos son reconocidos como fuentes relevantes de materias primas, obligando a los Estados miembros a identificarlos, caracterizarlos y evaluar su potencial.
Más relevante aún, la CRMA introduce un principio clave: regulación diferenciada y proporcional, separando el daño histórico del impacto de la nueva intervención. No se trata de relajar estándares, sino de alinearlos con el objetivo público perseguido.
Chile: de la oportunidad técnica a la decisión política
Chile cuenta con condiciones excepcionales para avanzar en esta dirección: experiencia minera, capacidades técnicas, institucionalidad especializada y un ecosistema de innovación en expansión. Lo que falta no es conocimiento, sino una decisión de política pública.
Una ley de pasivos mineros valorizables, articulada con la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, permitiría:
· reconocer jurídicamente la minería secundaria como actividad de interés público,
· establecer reglas claras y diferenciadas de responsabilidad ambiental,
· reducir incertidumbre regulatoria,
· y canalizar inversión hacia la resolución de pasivos históricos.
Una futura ley de pasivos mineros valorizables debiera no solo habilitar esta actividad, sino también incorporar metas o métricas exigibles de reprocesamiento, tal como ocurre en otras legislaciones comparadas. Avanzar hacia objetivos cuantificables —por ejemplo, un porcentaje mínimo de recuperación de minerales críticos desde fuentes secundarias en un horizonte temporal definido— permitiría: dar coherencia entre estrategia y regulación, orientar inversión y desarrollo tecnológico, y establecer un estándar verificable de cumplimiento de política pública.
Este enfoque transformaría la valorización de pasivos desde una opción voluntaria en un componente estructural del modelo minero, sin perjuicio de mantener altos estándares ambientales y de seguridad.
El inicio de un nuevo período de gobierno en marzo abre una ventana institucional concreta para abordar esta materia con visión de largo plazo. Desde el mundo gremial y académico existe disposición a colaborar activamente, aportando propuestas normativas y experiencia aplicada.
La minería chilena ha sabido reinventarse antes. Hoy tiene la oportunidad de hacerlo nuevamente, transformando pasivos ambientales en activos estratégicos, fortaleciendo su competitividad y alineándose con las exigencias del nuevo ciclo minero global.
