Una decisión parlamentaria genera preocupación en el ámbito nacional e internacional, advierte consultora especializada en minería.
La derogación del Decreto Legislativo 1607 por parte del Congreso de la República peruana está enviando una señal negativa a la comunidad inversora tanto dentro como fuera del país. Esta acción, según Supera, una consultora especializada en minería, podría tener consecuencias severas para la economía peruana y la seguridad de sus ciudadanos.
Impacto en la Inversión Privada
La derogación de este decreto, que permitía sancionar a los mineros ilegales por el uso de armas, explosivos e invasiones de propiedad privada, es vista como un respaldo a la ilegalidad y la criminalidad en diversas actividades económicas. José Antonio La Rosa, Director de Supera, advierte que esto afectará el flujo de inversión privada al país.
«La derogación de este decreto es algo muy grave porque el tráfico de armas y de explosivos o la invasión de tierras es transversal», comenta La Rosa. El uso de armamento adquirido por la minería ilegal puede extenderse a otras actividades criminales, afectando la seguridad de negocios y ciudadanos por igual.
Señal a la Comunidad Inversionista
La derogación de esta ley envía una señal negativa a los inversores nacionales e internacionales. La Rosa destaca que en un mundo globalizado, donde las noticias se propagan rápidamente, esta acción del Parlamento peruano es desconcertante. Los principales gremios del país también han expresado su preocupación, lo que evidencia la gravedad de la situación.
Reacción Empresarial y Alertas Internacionales
La decisión del Congreso ha movilizado a las principales empresas del país, que han unido sus voces para alertar sobre las consecuencias de esta derogación. Las embajadas de otros países también han emitido alertas a sus ciudadanos e inversores sobre la situación en Perú, lo que podría afectar el flujo de capitales y turistas.
Llamado a la Acción
Supera insta al Ejecutivo a observar la derogatoria cuanto antes y a tomar medidas firmes para garantizar la estabilidad y seguridad del país. La falta de acción podría afectar la reputación del Perú como destino de inversiones, especialmente después del trabajo realizado en eventos internacionales como el PDAC 2024.
«Espero que el ministro Rómulo Mucho y el Premier Adrianzén se pronuncien con un mensaje claro en contra de la criminalidad, de la inseguridad y de la inestabilidad jurídica», concluye La Rosa.
