Perú refuerza estrategia contra minería ilegal con enfoque financiero y ambiental

La minería ilegal es catalogada como un sistema que consume territorios y financia economías criminales, según fiscalías ambientales.

Fiscalías Ambientales elaboran plan estratégico contra minería ilegal

La lucha contra la minería ilegal toma un enfoque renovado tras la conclusión del curso interregional de talleres especializados en materia ambiental, desarrollado entre el 27 y el 29 de octubre, con la participación de más de 40 fiscales especializados. En el evento participaron representantes del Basel Institute on Governance, mediante el programa Green Corruption, quienes colaboraron en el diseño de un plan de acción concreto contra dicho delito ambiental.

Frank Almanza Altarmina, fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), lideró las sesiones que apuntaron a fortalecer no solo las capacidades técnicas de los fiscales, sino también a establecer estrategias más efectivas frente a los ilícitos ambientales. Según los participantes, esta actividad permitió identificar oportunidades de mejora desde un análisis riguroso de evidencias institucionales y operativas. Asimismo, se reafirmó la importancia de implementar interdicciones planificadas con estrictas cadenas de custodia, en coordinación con las autoridades competentes, para garantizar resultados efectivos.

Un modelo basado en la persecución penal financiera

La minería ilegal no solo representa un delito ambiental, sino que, como fue señalado durante el curso, se configura como un sistema que devora territorios y financia economías criminales. Para contrarrestar sus impactos, el plan incluye un enfoque financiero-patrimonial, identificado como un eje central en la persecución penal. Esta estrategia busca desmantelar el modelo de negocio ilícito mediante el desgaste financiero de quienes lo perpetran.

Las fiscalías especializadas, en coordinación con organismos internacionales como el ISF Americas Security Programme – FCDO y el Basel Institute on Governance, afirmaron el compromiso de incrementar el nivel de acción técnica y estratégica frente a este fenómeno delictivo. Igualmente, se estableció una línea base de mejora continua enfocada en la comunicación constante y la rendición integral de cuentas.

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