Autoridades peruanas advierten que la paralización prolongada de grandes iniciativas auríferas está siendo aprovechada por redes informales, en un contexto de altos precios del oro y debilidad del control estatal.
La advertencia encendió las alarmas en el sector minero peruano. El primer ministro Ernesto Álvarez confirmó que el proyecto aurífero Minas Conga, ubicado en la región de Cajamarca y propiedad de la estadounidense Newmont Corporation, está siendo parcialmente ocupado por minería ilegal tras más de una década de paralización. El caso reabre el debate sobre los costos económicos, ambientales y sociales de mantener detenidos proyectos de gran escala con permisos ambientales vigentes.
Con una inversión estimada en US$ 4.800 millones, Conga fue concebido como uno de los desarrollos mineros más relevantes del país. Sin embargo, pese a contar con aprobación ambiental desde 2010, su ejecución fue suspendida luego de una fuerte oposición de comunidades agrícolas, que derivó en protestas y episodios de violencia. Desde entonces, el proyecto permanece sin avances sustantivos.
Cuando la minería formal se detiene
Según explicó Álvarez, la ausencia de minería legal de alto estándar ha generado un vacío que hoy es aprovechado por actores ilegales. “Cuando no se desarrolla la minería legal que cumple con altos estándares, se cede el espacio a la minería ilegal, que contamina y utiliza la violencia”, sostuvo el jefe del Gabinete, en una frase que sintetiza la preocupación del Ejecutivo.
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El fenómeno, advirtió, no es exclusivo de Conga. Otras compañías internacionales, como First Quantum Minerals y MMG, han reportado situaciones similares en sus concesiones, donde la presencia de mineros ilegales retrasa inversiones y eleva los riesgos operacionales. La presión se ve agravada por el elevado precio del oro, que incentiva la extracción informal en zonas rurales con limitada fiscalización.
Impactos ambientales y sociales
Uno de los puntos más sensibles del caso Conga es el impacto ambiental. De acuerdo con el primer ministro, ríos que nacen en el área del proyecto estarían siendo contaminados por mercurio, insumo ampliamente utilizado en la minería ilegal. “Es una situación macabra”, afirmó, subrayando que la actividad informal no solo evade impuestos y regulaciones, sino que genera daños difíciles de revertir en ecosistemas y comunidades locales.
La paradoja, señalan expertos del sector, es que la oposición inicial al proyecto se basó en la protección del agua y la agricultura, mientras que hoy la ausencia de una operación formal ha derivado en prácticas mucho más nocivas.
El debate sobre la formalización
El avance de la minería ilegal se produce en paralelo a la discusión por la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo que permite a mineros informales operar bajo requisitos transitorios. Aunque el Ejecutivo ha respaldado su extensión, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha expresado un rechazo categórico, argumentando que no ha logrado una formalización real ni una reducción efectiva de la ilegalidad.
En este escenario, el caso Conga se instala como un símbolo de un problema estructural: la dificultad de conciliar licencia social, inversión de largo plazo y control efectivo del territorio. Para el Gobierno, la falta de desarrollo de minería formal abre espacio a la minería ilegal, con consecuencias que el país ya comienza a sentir.
