Informe del Banco Central de Reserva estima que el país podría más que duplicar su producción cuprífera en los próximos años, aunque advierte sobre riesgos sociales y regulatorios.
Potencial productivo y contexto internacional
El Perú se encamina a un escenario de expansión significativa en su industria cuprífera. De acuerdo con un reciente informe del Banco Central de Reserva (BCR), el país cuenta con el potencial para duplicar su producción de cobre en los próximos años, impulsado por una cartera de proyectos mineros de gran escala. En 2024, la producción nacional superó las 2,75 millones de toneladas métricas, cifra que podría incrementarse en 3,2 millones de toneladas adicionales si se concretan las inversiones previstas.
Este escenario se inserta en un contexto internacional marcado por la creciente demanda de cobre asociada a la transición energética, la electrificación del transporte y el desarrollo de infraestructura vinculada a energías renovables y tecnologías limpias.
Inversión y proyectos estratégicos
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Según el BCR, materializar este potencial requerirá inversiones cercanas a los US$ 47.000 millones, concentradas principalmente en proyectos de gran envergadura. Entre las iniciativas con mayor capacidad de aporte productivo destacan Yanacocha Sulfuros, La Granja, Michiquillay y Tía María, considerados estratégicos para consolidar al Perú como uno de los principales productores de cobre a nivel mundial.
El informe subraya que, de desarrollarse estos proyectos, la producción adicional de cobre representaría alrededor del 6,5% del Producto Bruto Interno (PBI) a lo largo de la vida útil de las minas. Desde la perspectiva del gasto, la inversión privada asociada equivaldría a aproximadamente el 15,7% del PBI, con efectos multiplicadores sobre el empleo, las exportaciones y la recaudación fiscal.
Impacto económico y desafíos estructurales
El BCR advierte, sin embargo, que el camino hacia esta expansión no está exento de obstáculos. Uno de los principales factores de riesgo identificados son los conflictos sociales, que históricamente han generado paralizaciones, retrasos y pérdidas económicas relevantes en el sector minero peruano. Casos como Conga y Tía María son citados como ejemplos de cómo la oposición social puede afectar la viabilidad de proyectos, ya sea por protestas, dificultades de acceso a terrenos o mayores costos operacionales.
A ello se suma el exceso de tramitología ambiental y administrativa, que ha prolongado significativamente los plazos de desarrollo. El informe recuerda que proyectos como la expansión Toromocho Fase II y la Reposición Antamina enfrentaron demoras de entre cuatro y cinco años para la aprobación de sus modificaciones de estudios de impacto ambiental, retrasando el paso desde la factibilidad a la ingeniería de detalle.
Perspectivas
Pese a estos desafíos, el BCR considera que el potencial minero del Perú sigue siendo uno de los más relevantes de la región. La clave, señala el organismo, estará en fortalecer la gestión de los conflictos sociales, agilizar los procesos regulatorios sin debilitar los estándares ambientales y generar condiciones de confianza que permitan transformar el potencial geológico en crecimiento económico sostenible.
