En un informe del centro de estudios señalan que “una buena política del litio es aquella que tiene como norte una colaboración virtuosa entre privados y Estado, donde los primeros logran revelar los cuellos de botella que no permiten que la industria se desarrolle y el Estado, por su parte, apoya con instrumentos para lograr sortearlos”.
El gobierno presentó su política nacional del litio y de inmediato generó debate entre los distintos sectores empresariales y expertos. Uno de los que planteó su visión crítica es el centro de estudios Horizontal.
En un documento presentan tres nudos críticos que tiene lo que el gobierno pretende hacer con el litio, pero valoran uno. “Una buena política del litio es aquella que tiene como norte una colaboración virtuosa entre privados y Estado, donde los primeros logran revelar los cuellos de botella que no permiten que la industria se desarrolle y el Estado, por su parte, apoya con instrumentos para lograr sortearlos”.
En ese sentido, acotan que “lamentablemente, la Política Nacional del Litio “no tiene este norte, sino que por el contrario, tiene como eje rector a un Estado como controlador de la industria del litio, relegando a los privados a un segundo plano”.
1) Sentido de urgencia: La política no contiene un sentido de urgencia para acelerar la producción de litio en el país. Si bien Chile es el segundo productor mundial con las terceras mayores reservas del planeta en litio el país ya perdió el primer lugar de la producción mundial y el boom de precios actual no durará para siempre . La política anunciada sigue tratando el litio como mineral estratégico y no se generan incentivos para que ingresen nuevos actores en el corto plazo. Se mantiene el carácter estratégico, que data de 1979, bajo una añeja lógica de guerra fría debido a sus aplicaciones nucleares, que hace inconcedible este material. El litio, al igual que el cobre, son insumos clave para la electromovilidad y ambos deberían ser concesibles.
2) Rol de privados: Con respecto a las alianzas público-privadas propuestas, la participación mayoritaria del Estado le quita valor a la propuesta. Según el informe, una cosa es darle al Estado la mayoría de los recursos, y otra distinta es entregarle las decisiones corporativas sobre las empresas. “Esto último desincentiva la participación de privados que arriesgan recursos en exploración y explotación. En este sentido, el rol del Estado puede ser a través de otros instrumentos, resguardando siempre aislar las decisiones de las empresas de las dinámicas de la política”.
3) Empresa Nacional del Litio: El proyecto establece la creación de una empresa pública con un amplio mandato sin mención a un gobierno corporativo que asegure su independencia del ciclo político. “No creemos necesaria la creación de una empresa nacional del litio para enfrentar los desafíos de la industria. Si esta se llegara a crear, debería competir en igualdad de condiciones, contar con un gobierno corporativo fuerte, que tome decisiones en función de rentabilidad y eficiencia, y no en función de los objetivos que plantea la PNL, como “fomentar el desarrollo de las tecnologías en toda la cadena de valor”.
En tanto, el punto que consideran favorable es el de medioambiente, indicando que los mecanismos que propone la política para asegurar la sostenibilidad medioambiental y social de la industria del litio “nos parecen los adecuados”, según dice el documento, agregando que “el iniciar un proceso de diálogo y participación con los diversos actores, incluyendo comunidades, pueblos indígenas, gobiernos regionales, entre otros, apunta en la dirección correcta”, sostienen. En ese contexto indican que “una política de estas características debe balancear los beneficios y costos que generará la industria, tanto a nivel local como nacional”. Junto con esto, acotan que “se propone la creación de una red de salares protegidos, compuesto por al menos el 30% de la superficie de estos ecosistemas, en línea con los compromisos internacionales adoptados por Chile en esta materia”.
Fuente: La Tercera
Foto: La Tercera
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