Los diferentes gobiernos de América Latina están evaluando opciones que les permitan sacar provecho de los sectores extractivos y así destrabar su potencial minero.
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En lo reciente, Chile y México hicieron lo propio con el litio, pero no han sido los únicos. En Colombia surgió una idea similar, pero esta no se concretó.
La iniciativa apuntaba a crear una Empresa Nacional de Minería y fue puesta sobre la mesa en noviembre de 2022 por parte del director de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, en la primera Cumbre Mundial de Páramos, celebrada en Bucaramanga.
Un mes después, un memorándum de entendimiento fue suscrito por tres entidades del Estado: el Ministerio de Minas y Energía, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), además de la ANM, con lo que se confirmó la apuesta.
Sin embargo, ésta terminó no siendo considerada para efectos de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno de Gustavo Petro, que luego fue aprobado por el Congreso.
¿Qué pasó?
Con el documento oficial se buscaba crear una empresa minera estatal a partir de activos incautados a bandas criminales para ayudar a la pequeña minería y abordar lo relacionada a la contaminación producto de su desarrollo.
Para llevar a cabo lo anterior, se planteó que se tomarían los activos en infraestructura de dos comercializadoras de oro que están bajo el dominio de la SAE, por lo que no habría sido necesario obtener recursos frescos para financiar su creación.
La idea era que la empresa comprara oro a pequeños mineros que producen el metal precioso, sin usar cianuro ni mercurio, y poder exportar el denominado “oro verde” a mercado europeo. A cambio, dijo entonces Pardo, se les pagaría un precio superior al que se ofrece en la economía ilegal, entre un 25% a 30% más alto si el producto es rastreable y cuenta con un sello de trazabilidad.
Otra de las propuestas era venderlo al Banco de la República o a la industria joyera nacional.
La decisión de dejar a la iniciativa por fuera del Plan Nacional se debió, en gran medida, a las férreas diferencias políticas que han enfrentado a la administración de Petro con el Congreso, y que derivó en una ruptura del pacto inicial de gobernabilidad que incluía a los sectores más tradicionales. A ello se sumó un repentino cambio de gabinete en el que salió el economista promercado y ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
Al final, en la hoja de ruta gubernamental se incluyeron disposiciones orientadas a reafirmar la posibilidad de explotar cobre y otras relativas a formalizar la minería artesanal.
Las vías posibles
El fracaso inicial no condiciona el futuro de la idea, pues aún existen mecanismos por los cuales podría reflotarse el tema.
La primera opción es que la idea se incluya dentro de la reforma a la ley Minería como un artículo más, dentro de otra serie de disposiciones que, considerando lo deslizado por el Presidente, apuntan a hacer de la minería en Colombia un sector más sustentable.
No obstante, este camino no estaría exento de desafíos, pues además de la tensa relación entre Ejecutivo y Legislativo -lo que podría dificultar su tránsito en el Congreso-, también está el hecho de que en Colombia habrá elecciones regionales en octubre próximo, “por lo que todas las fuerzas están concentradas en capitalizar esa oportunidad”, dijo una fuente familiarizada con el asunto.
La segunda vía sería también a través del Congreso, pero como un proyecto de ley que incluya la sola creación de la empresa; sin embargo, en esta instancia aparecen nuevamente los legisladores como posible piedra de tranca. Y es que, así como con cualquier otra reforma que planee sacar adelante la administración, mucho de su éxito dependerá de la relación entre ambos poderes del Estado.
Fuente: DFSud
