Los gremios productivos alzan su voz frente a la implementación de la Ley SBAP, preocupados por su impacto en el desarrollo económico.
Te puede interesar
Preocupaciones de los gremios frente a los reglamentos de la Ley SBAP
Encabezados por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), diversos gremios productivos expresaron sus reservas ante la implementación de la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). En un encuentro liderado por Jorge Riesco, presidente de Sonami, voceros como Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), y Dominique Viera, presidenta de Aprimin, destacaron posibles afectaciones sobre actividades económicas clave. “Presentamos nuestra profunda preocupación ante la forma en que se están elaborando los reglamentos de la ley”, señaló Riesco en su intervención. A pesar de valorar la importancia del SBAP, destacó que los reglamentos deben respetar los derechos adquiridos y ser “claros, compartidos y equilibrados”.
Un punto crítico fue la propuesta del Ministerio del Medio Ambiente de 99 sitios prioritarios, que según Riesco, “parece apresurada y carece de análisis técnico”. Además, subrayó que la afectación de actividades previamente autorizadas puede convertir una buena política pública en una barrera para la reactivación económica. En este contexto, solicitó al Gobierno extender el plazo de consulta pública y que se garanticen criterios regulatorios claros, como exige el artículo 29 de la Ley 21.600. “Diez días hábiles más no son suficientes”, expresó, haciendo un llamado a la creación de mesas de trabajo multisectoriales y a un esfuerzo por elaborar reglamentos que no extralimiten el espíritu original de la ley.
- Extender el plazo de consulta pública para analizar los 99 sitios prioritarios.
- Garantizar reglamentos transparentes y respetuosos de derechos adquiridos.
Visiones gremiales sobre el impacto económico y social
Gremios de sectores como el agrícola, forestal y minero coincidieron en que el SBAP podría generar serios impactos económicos si no se toman las precauciones necesarias. Susana Jiménez, en representación de la CPC, enfatizó: “Todos nosotros abogamos por el crecimiento y desarrollo sostenible, pero vemos con preocupación iniciativas que afectan áreas de derecho privado e inversiones productivas”. Su llamado fue a garantizar procedimientos adecuados y tomarse el tiempo necesario para consensuar las decisiones.
Por su parte, Dominique Viera, presidenta de Aprimin, ratificó el compromiso del gremio minero con la protección del medio ambiente, pero advirtió sobre los efectos de medidas como la cancelación de proyectos. “Hoy, cuando tú cancelas un proyecto, impides desarrollo económico; afectas no solo a la compañía, sino a todo el ecosistema productivo”, señaló. La ejecutiva también destacó que la tecnología actual permite monitorear y proteger los ecosistemas, conciliando así la sostenibilidad con el crecimiento económico. En tanto, Juan José Ronsecco, presidente de Corproa, describió cómo estas disposiciones podrían reducir el crecimiento en Atacama hasta en un 60%. “Atacama le puede dar a Chile un impulso para salir del estancamiento económico”, afirmó, llamando a un abordaje consensuado que considere la inversión y el impacto regional.
