César Guato, un anciano de 88 años que lleva seis décadas buscando oro en el norte de Ecuador, recuerda cuando los mineros informales cambiaban partículas de oro por cerveza embotellada en la tienda local.
«Muchos de nosotros vivimos de la minería y ahora vamos a tener dificultades», dijo Guato. «Quizá los ecologistas que nos quitaron el trabajo podrían darnos trabajo».
El mes pasado, los ecuatorianos votaron a favor de prohibir la minería en el Chocó Andino, la región septentrional rica en reservas de oro, plata y cobre en gran medida sin explotar, que ha sido designada una reserva de la biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). También hubo otra votación para detener la explotación petrolera en una sección de la selva amazónica. Los activistas han aplaudido las medidas para proteger el medio ambiente y los grupos indígenas.
Pero han ensombrecido la incipiente industria minera de Ecuador, su sector petrolero, el presupuesto y las perspectivas de empleo en las regiones afectadas, ya que ahora enfrenta la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos por exportaciones.
Mientras los votantes se preparan para una segunda vuelta en octubre en un país plagado de violencia, el próximo presidente tendrá que subir los impuestos y recortar los subsidios a los combustibles para cubrir ese vacío, según los economistas, mientras que a los líderes de la industria les preocupa que los referendos puedan perjudicar la inversión extranjera.
Mientras que el Chocó Andino no ha sido explorado por las grandes empresas mineras, el yacimiento petrolífero de Yasuní, en la Amazonia, donde se va a prohibir la explotación petrolera, es una importante fuente de ingresos para el gobierno. Un bloque conocido como 43-ITT produce 55.000 barriles diarios de petróleo (bdp) —aproximadamente el 12% del total del país, 480.000 bdp— según la compañía petrolera nacional Petroecuador.
Alrededor del 59% de los votantes apoyaron la prohibición de la extracción en el bloque petrolífero Yasuní 43-ITT, que es un punto crítico de biodiversidad donde viven dos tribus aisladas.
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En el referéndum sobre el Chocó Andino, los electores —entre los que se incluyen los residentes de la capital, Quito— se mostraron decididamente a favor de la prohibición de la minería, que recibió un apoyo cercano al 68%.
Alberto Acosta-Burneo, economista de la consultora Spurrier Group, dijo que el ganador de las elecciones podría tener que reformar los impuestos para «compensar parte del agujero fiscal» dejado por las prohibiciones y recortar los subsidios a los combustibles.
El ministro de Energía, Fernando Santos, dijo que la votación sentaba «un precedente terrible», y añadió que la producción de crudo en el yacimiento de Yasuní continuaría mientras se desmantelaba la instalación.
«No se trata de apagar la luz de un día para otro», dijo Santos.
Petroecuador calcula que los ingresos perdidos por la prohibición ascenderán a US$ 13.800 millones en las próximas dos décadas; el gobierno estima la pérdida neta anual de ingresos relacionados con el petróleo en unos US$ 1.200 millones. El banco central prevé una reducción acumulada del producto interno bruto (PIB) de 1,9 puntos porcentuales entre 2023 y 2026 como consecuencia de la prohibición.
El resultado de las votaciones representa un cambio drástico con respecto a la estrategia del presidente saliente, Guillermo Lasso, favorable a los inversionistas, que esperaba que los ingresos del petróleo ayudaran a cubrir los costos del servicio de la deuda y a reducir el déficit fiscal, que se estima que aumente hasta el 2,2% del PIB este año, frente al 1,2% en 2022.
Las agencias de calificación han advertido que los resultados del referéndum se han sumado a la incertidumbre provocada por las elecciones de Ecuador, cuya primera vuelta se celebró al mismo tiempo. La exlegisladora izquierdista Luisa González se enfrentará al empresario centrista Daniel Noboa en la segunda vuelta del 15 de octubre, tras una campaña empañada por la violencia relacionada con el narcotráfico que cobró la vida de un candidato de centro-derecha.
Lasso provocó las elecciones anticipadas en mayo, cuando disolvió el congreso para evitar cargos que resultarían en un juicio político. El nuevo congreso y el nuevo presidente ocuparán sus cargos durante el resto del mandato actual, hasta 2025.
Las prohibiciones de extracción obtuvieron el apoyo de grupos ecologistas como Amazon Watch y Wildlife Conservation Society tras una campaña respaldada por los actores de Hollywood Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo.
Pero hay pesimismo en la incipiente industria minera del país.
«Ecuador no puede darse el lujo de ignorar la minería; tenemos un montón de necesidades y tampoco todas las demás industrias están florecientes», dijo María Eulalia Silva, responsable de la Cámara de Minería del Ecuador.
En el Chocó Andino, se han adjudicado 12 concesiones para extraer oro, plata y cobre, que siguen siendo válidas a pesar del resultado del referéndum, pero todas se encuentran en fases tempranas de desarrollo. En todo el país sólo están funcionando dos minas a gran escala, la mina de oro Fruta del Norte, propiedad de la canadiense Lundin, y la mina de cobre-oro Mirador, propiedad de un consorcio chino.
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Ecuador, con su uso del dólar y unas buenas infraestructuras viarias y portuarias, tiene potencial para convertirse en uno de los principales exportadores de minerales, según los analistas. Entre 2018 y 2022, los ingresos por exportación de minerales se multiplicaron por diez, hasta los US$ 2.700 millones, y ya sólo están por detrás de los procedentes del petróleo, los camarones y los plátanos.
Pero los crecientes riesgos políticos podrían «provocar la fuga de inversiones extranjeras», dijo Silva.
En Pacto, un asentamiento de cabañas de madera situado en lo alto de una colina del Chocó Andino, muchos vehículos llevan calcomanías con la frase «Vota No» en las ventanillas, a diferencia de Quito, donde por todas partes se ven los eslóganes que instan a aprobar el referéndum para prohibir la minería.
«El mayor enemigo de la naturaleza es la pobreza, no la minería», dijo Estalin Andrango, geólogo de Pacto que hizo campaña contra la prohibición, mientras un tucán se posaba en la rama de un árbol cercano. «Sin los empleos que aporta la minería formal, la gente se verá obligada a lanzarse a la minería ilegal y al crimen organizado».
A pesar de la fuerte oposición, muchos en la región apoyaron la prohibición. Roque Sevilla, exalcalde de Quito y propietario de un hotel de lujo en las inmediaciones, dijo que el gobierno puede «hacer ambas cosas»: ilegalizar la minería regulada y, al mismo tiempo, hacerles frente a los grupos criminales.
Sylvia Pillajo, comerciante de Pacto, también apoyó la prohibición. «He votado Sí porque quiero salvar la vida, el agua y el aire», dijo. «Hablan de minería responsable, pero la minería siempre destruye la tierra que utiliza».