Es indudable que la minería, considerando su vital importancia para la economía y desarrollo de nuestro país, será objeto de intensa discusión y debate en el proceso constituyente que se avecina, por lo que corresponde como industria adelantarse, estudiar y recomendar posibles cambios a la propiedad minera en Chile, con miras a promover de manera proactiva (y no reactiva) una minería moderna, competitiva, inclusiva y sustentable.

En particular, un tema que seguramente se revisará y analizará en detalle es su régimen de amparo, el que básicamente consiste en el pago de una patente, pero sin la necesidad de realizar trabajos, inversión o producción mínima, a diferencia de la generalidad de los restantes países de tradición minera, en los cuales se aplica un régimen mixto.

Si bien es innegable que la objetividad y simpleza del régimen de amparo Chileno fue uno de los pilares del desarrollo sin precedentes de la industria minera nacional, en la actualidad dicho sistema ha generado ineficiencias y distorsiones particulares al mercado local, incluyendo la concentración de propiedad minera en pocas manos, su acaparamiento con fines especulativos y la escasa utilización, rotación y dinamismo de la misma, lo que se tradujo, principalmente, en barrenas de entrada para nuevos actores y, en definitiva, en un subdesarrollo de las actividades de exploración y explotación en el país.

Así las cosas, y dado el incierto panorama político que vive Chile, existe cierto consenso entre los expertos que lo ideal es evitar mayor incertidumbre dentro de la industria y, por tanto, se debe y requiere perfeccionar el régimen de amparo vigente en el país, pero a la vez defender y mantener la certeza que éste otorga, para efectos de lograr atraer inversión a una actividad esencialmente aleatoria sin renunciar al uso eficiente y efectivo de la propiedad minera. En este sentido, una propuesta que suma varios adeptos es la de equiparar el valor del canon minero a estándares comparativos, junto con aplicar un aumento progresivo de la tasa.

Independiente del resultado, debemos aprovechar el proceso constituyente en curso como una oportunidad para actualizar y fortalecer la propiedad minera, de manera de encontrar un equilibrio entre la seguridad jurídica requerida por la industria y el incentivo necesario para los actores involucrados, y con ello fomentar la exploración y explotación efectiva de nuestros recursos mineros, así como recuperar y potenciar el atractivo de Chile como destino de inversión minera.

Autor: Alfonso de Urruticoechea, abogado del estudio jurídico Arteaga Gorziglia.