Moción tiene por objetivo la moción de los trabajadores y las comunidades ante la pandemia. Sin embargo, desde el SEA indican que han trabajado casi con normalidad.
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Un polémico proyecto avanza en la Cámara de Diputados, luego de ser aprobado por la comisión de Medio Ambiente. Se trata de una moción del diputado Féliz González (Ecologista) que busca suspender los plazos de estudio ambiental de iniciativas que requieren de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) por el tiempo que dure el estado de Catástrofe, es decir, 90 días prorrogables, dependiendo de la pandemia.
Pese a los intentos del Gobierno por transitar a una “nueva normalidad”, la iniciativa pondría en jaque más de 400 proyectos que figuran como DIA, y que representan US$22 mil millones. Estos se suman a casi 60 EIA por US$17 mil millones.
Consultado al respecto, el director ejecutivo del SEA, Hernán Brücher, señaló que las suspensiones de participaciones temporales, o la creación de oficinas de partes electrónicas, se han tomado conforme lo recomendado por la autoridad sanitaria.
“Esto fue para evitar exponer a nuestros funcionarios, la comunidad y los titulares de proyectos en reuniones presenciales, pero a la vez se continuó resguardando el debido proceso de evaluación de impacto ambiental del resto de los proyectos, aquellos que no requieren participación ciudadana y que en general no requieren mayor información de detalle en terreno”, dijo.
Brücher destacó que la totalidad de los trámites del SEIA se realizan a través de medios electrónicos, razón por la que sigue operando el sistema en un 100% con las excepciones mencionadas anteriormente.
“El SEIA históricamente se ha tramitado por vía electrónica, por lo que en este sentido se ha seguido el mismo régimen, eso, tomando resguardos en caso de la participación ciudadana, que en general puede llegar a un 10-15% de los proyectos generalmente aprobados”, aseguró. A su vez, desde el inicio del estado de excepción se ha suspendido solo un 7% de las iniciativas en estudio. La moción fue calificada como “muy mal pensada” por el exfiscal del Ministerio del Medio Ambiente, Jorge Cash, quien sostuvo que una de las indicaciones apunta a suspender los procedimientos de reclamación, lo que afectaría a comunidades vulnerables.
“La autoridad ambiental cuenta con los instrumentos administrativos para compatibilizar la continuidad del servicio y la salud de los funcionarios. A su vez, los derechos de las comunidades se ven severamente afectados, toda vez que serán privados de formular sus observaciones en la oportunidad que la ley establece”, comentó Cash. Junto con esto, y en medio de la crisis económica que significará la menor actividad producto de la pandemia, existe preocupación por la afectación que existiría en la inversión.
“Si el objetivo es asegurar la participación ciudadana y proteger a los funcionarios, el SEA ya lo está haciendo y no requiere de ley. Es un hecho que Chile requerirá mayor inversión para salir adelante, y la evaluación de esta puede hacerse cuidando a los funcionarios y no afectando la participación ciudadana”, aseguró Edesio Carrasco, académico de la UC y socio de Schultz Carrasco Benítez.
El proyecto debe ser visto por la sala de la Cámara, para transitar al Senado, donde tiene posibilidades de ser aprobado, pues senadores de oposición firmaron una declaración en la que entidades sociales apuntan al cese de los plazos de evaluación.
