Se destaca la demora en el pago del finiquito para trabajadores desempleados, a pesar de las estrictas normativas legales.
La Problemática del Retraso en el Pago del Finiquito
Perder el empleo es sin duda uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta cualquier trabajador. Esta situación se agrava cuando, tras la finalización del vínculo laboral, el ex empleado no recibe el pago del finiquito en los plazos establecidos por ley.
El finiquito, que comprende todas las compensaciones adeudadas al trabajador, debe ser abonado en un periodo específico estipulado por las autoridades laborales. Sin embargo, numerosos trabajadores se ven obligados a esperar mucho más tiempo del previsto.
Te puede interesar
Desempleo al 8,9%: AFC recuerda a afiliados cómo cobrar Seguro de Cesantía en línea
ENAP repartirá al Fisco 70% de sus utilidades tras cerrar 2025 con ganancias récord
Normativa Actual Sobre el Pago del Finiquito
Según el artículo 177 del Código del Trabajo, modificado por la Ley N° 20.684 en 2013, los empleadores tienen la obligación de entregar y hacer disponible el pago del finiquito dentro de 10 días hábiles contados desde la fecha de desvinculación del trabajador.
La norma también contempla la posibilidad de realizar el pago en cuotas, pero únicamente si existe un acuerdo mutuo entre el empleado y el empleador.
Acciones Legales ante el Incumplimiento
Ante el incumplimiento de estos plazos, los trabajadores afectados pueden acercarse a la Inspección del Trabajo para interponer un reclamo. Esto es especialmente relevante cuando existen discrepancias sobre las causales de terminación del contrato o el monto de las indemnizaciones.
Para resolver estas diferencias, se organizará un comparendo de conciliación entre el empleador y el empleado, buscando alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
- Los trabajadores pueden programar una cita para este comparendo directamente a través de la página web de la Dirección del Trabajo utilizando su Clave Única.
Con el adecuado cumplimiento de estas disposiciones legales, se busca proteger los derechos de los trabajadores y asegurar una transición justa y equitativa después de la terminación del empleo.
