El peso del sector minero como aportante del Fisco ha bajado. la caída del precio, los altos costos y los yacimientos de menor ley explican la tendencia. Hoy solo cinco operaciones sustentan el pago de impuestos de una industria que mira con cautela la contribución que debe hacer a la nueva agenda social del gobierno.

Una nueva realidad impera en el sector minero. El cambio que ha sufrido el precio del cobre y los mayores costos que ha enfrentado la industria en los últimos años movió la balanza respecto al rol que cumplían las grandes mineras del país como aportantes del Fisco, principalmente a través del impuesto específico a la minería, conocido como royalty. Y esta realidad, además, ha hecho que el sector esté mirando con cautela cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa respecto al papel que debería cumplir la minería para financiar parte de la agenda social activada tras el estallido social del 18 de octubre.

En el año que recién termina, las mineras privadas y Codelco cerrarán su peor tercer año de recaudación fiscal desde el cambio en la tasa del gravamen específico, el año 2010, modificación que nace para la reconstrucción del país posterremoto. Se trata de una contribución que se estima llegaría a unos US$ 3.000 millones, lejos de los US$ 14.114 millones que el sector logró recaudar en 2007, en pleno súper ciclo del metal y cuando el peso de la minería en las arcas fiscales superaba el 30%.

El 2019 se uniría así a 2017, cuando la minería privada y estatal aportaron US$ 2.644 millones al Estado y al 2016, ejercicio donde prácticamente la industria privada no participó de la recaudación, aportando sólo con US$ 18 millones, los que unidos a los US$ 800 millones que puso Codelco bajo el concepto de Ley Reservada del Cobre, hizo que el sector lograra una recaudación total de US$ 904 millones y representaron 1,7% de los ingresos del Fisco, según las estimaciones de la Sociedad Nacional de Minería basado en la información de la Dirección de Presupuesto. (ver infografía)

Fin de las ganancias extraordinarias

El futuro tampoco se ve muy promisorio. Ya antes del estallido social la Dirección de Presupuesto (Dipres), en su última actualización de proyecciones fiscales para el período 2019 y 2024, ya vislumbraba un mediocre aporte del sector, con una participación todavía más deteriorada por parte de Codelco. Según el organismo estatal, la mayor productora de cobre del mundo solo aportaría US$ 1.234 millones en 2020, mientras que la minería privada haría lo suyo con US$ 2.144 millones. Las cifras, en todo caso, están siendo actualizadas y se presentarán en las próximas semanas. Y a la actualización se suma también, el impacto positivo del precio del cobre al avance de un acuerdo comercial más integral entre Estados Unidos y China, metal que el viernes cerró en US$ 2,79 la libra y que ya tiene proyecciones que lo sitúa en US$ 3 la libra durante este año.

Pero pese a ello, el sector es cauto. Por lo menos esa ha sido la postura del presidente ejecutivo de Antofagasta plc, Iván Arriagada, quien recalca que la época de las ganancias extraordinarias en la minería ya se terminó. “El superciclo del cobre terminó el año 2015. Han pasado cuatro años donde el término del superciclo terminó, por lo tanto, estamos en un mercado donde el precio del cobre está mucho más normalizado. Hoy lo que vemos, además, es que China está moderando su crecimiento económico y por eso lo que tenemos que hacer es ser más eficiente, pero las ganancias extraordinarias en la minería no van a existir”, señala al ser consultado.

Por eso los llamados a mantener la competitividad de la industria del cobre no se han dejado de escuchar luego de los rumores de volver a modificar el royalty para elevar la recaudación fiscal para enfrentar la nueva agenda social que prepara el gobierno. Arriagada sacó la voz y señaló que la minería será un pilar fundamental para sostener la agenda social que diseñe el gobierno para enfrentar la actual crisis social en el largo plazo, pero añadió que, para eso, el sector tiene que ser una industria que pueda atraer inversión extranjera.

En la misma línea, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, advierte que todos los sectores económicos del país deben cumplir un rol en la nueva agenda social y no solamente centrar el aporte en la industria minera. “Estamos conscientes de que la agenda social va a significar que todos, empresas y personas, seamos parte de la solución, ya sea a través de una participación activa en la búsqueda de soluciones como a través de impuestos. La minería no estará exenta, ni quiere eximirse de los desafíos que tenemos por delante, sin embargo, no vemos razones para que se le cargue la mano de manera distinta por sobre el resto de las empresas del país. En esto todos tenemos un rol que cumplir”, indica Villarino.

También sacó la voz el presidente de la Sonami, Diego Hernández, quien indica que hay que asegurar las condiciones para que la minería pueda seguir aportando el país. “La minería nunca le falla a Chile y tenemos que preocuparnos de que Chile no le falle a la minería”, sentenció el también expresidente ejecutivo de Codelco.

Quince años de historia

El royalty minero se instauró en 2005 con el fin de crear un fondo para la innovación para evitar que el recurso minero chileno, extraído por empresas mineras, se agote y con eso, se evite la posibilidad de desarrollo. Fue con Chuquicamata como telón de fondo que el Presidente Ricardo Lagos firmó el 27 de mayo de ese año, el llamado royalty II, es decir, la Ley 20.026 que estableció un gravamen de hasta 5% en el margen operacional de las compañías mineras.

La discusión no fue fácil, ya que las mineras defendieron el principio de no discriminación, por ser inversiones extranjeras. Para que las compañías pudieran acogerse al nuevo impuesto, el gobierno incorporó un nuevo artículo en el Decreto Ley 600, que regulaba la inversión extranjera en Chile. Se trató del 11 ter, artículo que extendió por 15 años las normas de invariabilidad tributaria.

Pero en 2010 y con solo cinco años de diferencia, el gobierno de Sebastián Piñera modificó nuevamente el impuesto, ahora, pensando en la reconstrucción del país por el terremoto del 27 de febrero. Fue el 1 de septiembre de ese año cuando el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley que subía transitoriamente el royalty minero. Para facilitar su tramitación, el gobierno de la época negoció intensamente con los partidos oficialistas y con la entonces Concertación, y el resultado fue un apoyo transversal al nuevo tributo. Finalmente, se pactó elevar el impuesto específico desde el 4,5% al 9% durante los años 2010, 2011 y 2012, mientras que los proyectos nuevos, con una producción mayor a 50.000 toneladas, tendrían una tasa de entre el 5% y el 14%.

En esta discusión, nuevamente se negoció la invariabilidad tributaria, extendiéndola por hasta ocho años más, es decir, se pasó de una invariabilidad que terminaría el año 2017 a una que finaliza el año 2025. El acuerdo también contempló la creación de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera (APIE) bajo la Ley 20.848, y en cuanto a los temas fiscales, los artículos transitorios de la nueva norma otorgan la posibilidad, luego de la derogación del DL 600, de suscribir contratos de invariabilidad tributaria haciendo referencia a los artículos 2,7 y 11 ter del extinto DL 600.

Hoy el impuesto específico es aportado principalmente por Escondida, Collahuasi, Pelambres y Los Bronces, compañías que están aplicando una tasa de impuesto a la renta del 27% más una tasa de impuesto específico adicional que fluctúa entre el 5% y el 6%, según se desprende de la información financiera de cada firma. Además, tanto Los Pelambres como Collahuasi y Los Bronces terminan su invariabilidad tributaria entre los años 2022 y 2023.