La gestión del SLEP Santiago enfrenta un nuevo cuestionamiento luego de que el alcalde Mario Desbordes anunciara una denuncia ante la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en el manejo administrativo del Instituto Nacional. El conflicto se centra en la continuidad de pagos a la exrectora Carolina Vega, pese a existir un proceso que determinó su destitución, lo que abre dudas sobre la ejecución de sanciones y el correcto uso de recursos públicos en el sistema de educación estatal.
Acusación de ilegalidad y cuestionamientos administrativos
El jefe comunal calificó la situación como una “ilegalidad enorme”, apuntando a que el SLEP no habría ejecutado resoluciones administrativas que ordenaban la destitución de la exdirectora. Según sus declaraciones, el organismo debió haber notificado formalmente el término de los sumarios pendientes, en lugar de mantener el pago de remuneraciones.
La denuncia sostiene que:
-
Se habrían seguido pagando sueldos pese a una sanción de destitución
-
No se ejecutaron resoluciones administrativas previas
-
Existen antecedentes de otros sumarios con irregularidades
-
Habría omisiones en la gestión del traspaso al sistema público
Argumento del SLEP y continuidad del servicio
Desde el SLEP Santiago se ha defendido la decisión señalando que, al momento del traspaso del establecimiento al nuevo sistema, la situación administrativa de la exrectora aún estaba en proceso.
En esa línea, el organismo indicó que:
-
La funcionaria se encontraba sujeta a un sumario en curso
-
El pago de remuneraciones responde a la espera de resolución final
-
Se priorizó la continuidad del servicio educativo
-
Se mantuvo a una rectora subrogante para asegurar funcionamiento
Este argumento busca justificar la medida como una decisión operativa más que administrativa, en medio de la transición hacia el sistema de educación pública.
Críticas políticas y presión al Ejecutivo
El conflicto escaló rápidamente al plano político. Mario Desbordes acusó un eventual trasfondo político en la decisión del SLEP y cuestionó la falta de reacción del Ministerio de Educación.
Entre sus principales críticas destacan:
-
Falta de fiscalización por parte de autoridades centrales
-
Eventual respaldo político a decisiones administrativas
-
Ausencia de medidas correctivas frente a irregularidades
Además, anunció que no solo presentará esta denuncia, sino que evalúa nuevas acciones frente a otros casos similares.
Rol de la Contraloría y posibles efectos
La presentación ante la Contraloría General de la República será clave para determinar si existieron incumplimientos legales o administrativos en la actuación del SLEP.
El organismo podría:
-
Revisar la legalidad del pago de remuneraciones
-
Evaluar la correcta ejecución de sumarios
-
Determinar eventuales responsabilidades administrativas
-
Emitir instrucciones o sanciones
Un sistema bajo escrutinio
El caso se produce en un momento sensible para el sistema de educación pública, especialmente en la implementación de los Servicios Locales de Educación, diseñados para reemplazar la administración municipal.
La controversia pone en evidencia tensiones en la transición, donde la gestión administrativa, la continuidad educativa y la supervisión institucional se cruzan en un escenario complejo.
El desenlace de la denuncia podría tener implicancias más amplias para el funcionamiento de los SLEP, en un contexto donde la confianza en el sistema sigue siendo un factor crítico para su consolidación.
