La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló ocho cargos contra Minera Tres Valles, incluyendo uno calificado como gravísimo, tras detectar diversas infracciones asociadas a la operación del proyecto de extracción y procesamiento de cobre en Quilmenco.
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“La autoridad constató incumplimientos reiterados que culminaron en el derrame de lixiviados de 2024”.
Fiscalización tras denuncias y derrame en el río Choapa
Los cargos se originan en diez denuncias ciudadanas registradas entre 2021 y 2024, principalmente por emisiones atmosféricas y por el derrame de lixiviados ocurrido en junio de 2024 desde la pila de lixiviación de Quilmenco hacia el río Choapa. Como respuesta, la SMA, junto a SAG, SERNAGEOMIN y la DGA, realizó inspecciones, requerimientos de información y múltiples informes técnicos para evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental que rige al proyecto.
La SMA decretó inicialmente medidas provisionales y posteriormente acciones urgentes y transitorias para detener la emergencia, limpiar suelos y cursos de agua afectados, y establecer un esquema de monitoreo periódico de aguas y sedimentos. Según la resolución, la autoridad constató incumplimientos reiterados que culminaron en el derrame de lixiviados de 2024.
Ocho cargos: desde falta de reporte hasta cambios no autorizados en el método de lixiviación
De los ocho cargos formulados, uno fue calificado como gravísimo y se refiere al incumplimiento del Plan de Seguimiento Ambiental del aire. Según la SMA, la empresa no reportó en la plataforma oficial SSA los monitoreos de calidad del aire correspondientes a 2023, 2024 y el primer semestre de 2025. Esta omisión afectó la capacidad fiscalizadora del organismo y vulneró una condición central de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Tres cargos fueron catalogados como graves. El primero apunta al cambio no autorizado del sistema de lixiviación, que pasó del riego por goteo aprobado en la RCA a un método por inundación. Esta modificación aumentó el volumen de soluciones retenidas, elevó la carga hidráulica y comprometió la estabilidad y drenaje del diseño original, contribuyendo directamente a los eventos de rebalse registrados en junio y agosto de 2024.
Otro cargo grave fue la utilización de piscinas de emergencia colmatadas para fines no previstos en su permiso ambiental, mientras que un tercer cargo está asociado al incumplimiento del plan de seguimiento de Material Particulado Sedimentable en la estación Chuñiñi, donde la empresa no investigó ni adoptó medidas tras registrarse superaciones reiteradas del parámetro.
Los cuatro cargos leves se relacionan con fallas en reportes de autocontrol, inconsistencias en la información entregada sobre descargas de residuos líquidos y otros incumplimientos administrativos vinculados al deber de reportabilidad.
Plazos para descargos y Programa de Cumplimiento
Los titulares del proyecto —actualmente en liquidación concursal— tendrán 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento, alternativa que podría suspender el procedimiento sancionatorio mientras se evalúa su viabilidad. Asimismo, disponen de 22 días hábiles para ingresar sus descargos formales, en un proceso que podría derivar en sanciones que van desde multas hasta la revocación de la RCA, dependiendo de la gravedad de las infracciones comprobadas.
