Los trabajadores responsabilizan al ejecutivo de la división rancagüina de los despidos que tras años de juicio y el triunfo de los exonerados, costaron al Estado alrededor de cinco mil millones de pesos.
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Tras celebrar el cierre de la Mesa conciliadora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que surgió a raíz de la demanda de 24 trabajadores de Codelco División El Teniente que fueron despedidos injustificadamente de la empresa, dirigentes y trabajadores, junto a la senadora Alejandra Sepúlveda (IND) y los diputados IND-PPD, Marta González y Cristián Tapia, denunciaron que la minera estatal mantiene en su cargo a Andrés Music, gerente general de El Teniente, pese a ser a quien se le responsabiliza de los despidos que tras años de juicio y el triunfo de los exonerados, le costaron al Estado alrededor de cinco mil millones de pesos.
“De forma inédita, se ha hecho justicia con los trabajadores que se han denominado exonerados de Codelco en democracia, porque la empresa estatal más importante de nuestro país hace tres años despidió a 70 trabajadores por necesidad de la empresa, despido que a todas luces tenía tintes de ser injustificado. Lo anterior, porque nos encontramos con personas que habían tenido una vida laboral intachable, con buenas calificaciones, con ascensos inclusive en su vida laboral, pero que se les había ocurrido participar en negociaciones colectivas, participar en listas como dirigentes sindicales, alzar la voz cuando algunos temas de seguridad no funcionaban como corresponde”, explicó la diputada González.
La parlamentaria agregó que “después de recabar muchos antecedentes, decimos que Codelco ha cometido práctica antisindical, hostigamiento, y ha generado toda una maniobra que ha tenido a familias esperando por más de tres años. En Chile nadie puede ser despedido por sindicalizarse, nadie puede ser despedido por participar en una negociación colectiva, nadie puede ser despedido por hacer denuncias de índole de seguridad. Todos estos derechos son consagrados en nuestra Constitución. Los ejecutivos que hoy día generan malas prácticas y faltan a la ley laboral, no pueden permanecer en una empresa tan importante como la empresa Codelco ni en ninguna empresa de nuestro país”, manifestó la diputada Marta González.
Asimismo, en representación de los trabajadores, David Olea, dirigente del sindicato de Caletones División El Teniente, junto con dar contexto de la larga lucha que dieron para ser reintegrados a la minera rancagüina, que terminó con una reclamación a nivel internacional en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra y 24 juicios todos con resultados positivos para los trabajadores, hizo un llamado al mundo sindical a no bajar los brazos ante las prácticas antisindicales aún cuando éstas, lamentablemente, provengan de una empresa estatal de la envergadura de Codelco.
“Nosotros como mundo sindical queremos hacer un llamado a toda la dirigencia sindical del país para que de una vez por todas erradiquemos estas malas prácticas antisindicales, las cuales solo empañan el buen funcionamiento de una empresa, así como lo es Codelco, una empresa estatal que debiera ser el ejemplo para las demás empresas del país. Se atrevieron a desvincular a trabajadores y trabajadoras por el 161, artículo necesidades de la empresa, siendo que una empresa estatal no tiene esa necesidad, abriendo la puerta para que la minería privada hace pocos días se atreviera a hacer lo mismo. Así que este triunfo sienta un precedente inédito para todo el país, para que de una vez por todas se tome la importancia de respetar la dignidad y los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Por su parte, el diputado Cristián Tapia, quien presidió la Comisión Investigadora de Codelco, sostuvo que “es súper importante lo que sucede el día de hoy porque se marca un precedente. Tenemos dirigentes sindicales que luchan por los trabajadores, no que se venden con la empresa, porque aquí hubo dirigentes sindicales que vendieron a los trabajadores en el Teniente y ellos tienen que dar la cara”.
“Vemos que acá la mano de Máximo Pacheco pesa más que el propio Presidente de la República porque él ha gatillado toda esta situación anómala en nuestro país, y por eso que en la Comisión Investigadora recibimos a los trabajadores quienes denunciaron listas negras. Espero por el bien del país, por el bien de la clase trabajadora, que este sea la última vez que Codelco deje de hacer esta práctica antisindical, que le dé vergüenza lo que ha pasado el día de hoy, porque ha sido una lucha de tres años. Esa lucha debe marcar un precedente a futuro. Codelco es una empresa estatal que es de todos y estas prácticas antisindicales manchan el nombre de nuestro país también en el extranjero”.
En la misma línea, la senadora independiente, Alejandra Sepúlveda, emplazó al gobierno a tomar una determinación, cumplir con su palabra de “ser el gobierno de los trabajadores y las trabajadoras”, y “sacar a Andrés Music de la gerencia general de El Teniente, porque no podemos tener un estado sobre el Estado, como parece ser Codelco, que hace lo que quiere y este gobierno no hace nada”
“Saben cuanto costó el proceso judicial y el reintegro: 5 millones de dólares, que se hubieran podido ahorrar si el gobierno, que tantas veces al principio de su mandato se dijo ser de los trabajadores, nos hubiera escuchado y resulto en el día uno. Entonces yo me pregunto, vamos a tener un violador de derechos humanos, un violador de derechos fundamentales de carácter laboral sentado como si nada ganando 37 millones de pesos pagados por todos nosotros. Esa es la pregunta. Y yo espero que de una vez por todas que nuestro gobierno, Codelco El Teniente y sobre todo Máximo Pacheco, que no ha dado la cara, entienda que no podemos tener este tipo de personajes pagados por todos los chilenos y chilenas y deben removerlo de su cargo”.
Finalmente, el abogado de los trabajadores, Enrique López, sostuvo que “ellos fueron despedidos nada más que de haber opinado en asambleas sindicales, oponiéndose a la aceptación de una negociación colectiva rechazada por los trabajadores en las urnas. Esa fue la conducta del trabajador que llevó a su despido, dado que dirigentes sindicales aliados con la administración y la gerencia de la división del teniente acordaron despedir a estos trabajadores. Esto llevó a juicios y también a una gestión ante la Organización Internacional del Trabajo. En los juicios logramos sentencias mayoritarias declarando la práctica antisindical y también la admisibilidad ante la Organización Internacional del Trabajo. Después de 35 meses se llegó a un acuerdo, un acuerdo satisfactorio con reintegro de nueve trabajadores y con reparaciones justas de los otros 15. La justicia que operó en este caso no es plena, dado que la gente que vulnera la libertad sindical se mantiene en sus cargos”.
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