Fueron más de siete semanas en las que las operaciones de la empresa chilena Quiborax estuvo paralizada por completo. Sin embargo, el pasado miércoles 30 de octubre, el Primer Tribunal Ambiental le devolvió algo de esperanza a la tercera mayor productora de boro del mundo, tras levantar parcialmente la medida cautelar que mantenía detenidas sus operaciones en el Salar de Surire.
«La resolución la recibimos con mucha prudencia y con la esperanza de que este ingrato asunto debe solucionarse a la brevedad posible, no sólo por el bien de la empresa, sino, más importante aún, por sus trabajadores, las comunidades indígenas de la Región y la economía de Arica», comentó a DF el gerente general de Quiborax, Allan Fosk.
El inicio de la trama se remonta a julio de 2024, cuando el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda contra la firma acusándola por el daño ambiental «continuo, acumulativo, permanente e irreparable que sus faenas extractivas han provocado en el salar», solicitando además una medida cautelar de suspensión completa de sus faenas mientras dure el juicio, la cual fue decretada por el Tribunal Ambiental el 11 de septiembre.
En octubre, la compañía solicitó el alzamiento parcial de la cautelar, argumentando la desproporcionalidad de la medida, así como la inexactitud de los informes de Conaf realizados en 2022, 2023 y 2024 que mostraban un riesgo ambiental inminente y que contrastaban con la misma inspección favorable del Tribunal en la zona, donde no se evidenciaron los riesgos alegados.
Al respecto, Fosk sostuvo que: «siempre hemos creído que al CDE se entregaron -por parte de Conaf Regional- una serie de antecedentes parciales, muy incompletos y tendenciosos. La demanda fue construida con esa información, la que ha ido siendo controvertida y refutada por nuestra empresa en el curso del proceso».
«Lamentablemente se trata de un servicio público que a nivel regional está controlado por personas que practican un activismo muy marcado en contra de la minería y, en especial, de nuestra empresa», acusó. Consultado por los 37 años de daño ambiental que acusó el CDE en su demanda, expresó: «nos parece que ese argumento no admite análisis, menos aún cuando una empresa minera como la nuestra es permanentemente fiscalizada por un sinnúmero de organismos públicos».
El impacto de la paralización
Durante el mes de octubre, los sindicatos de la empresa solicitaron una audiencia a la comisión de Minería, cerrando filas en defensa de Quiborax y acusando al CDE de un «actuar irresponsable» y «temerario». Asimismo, trabajadores bloquearon rutas cercanas a la frontera y generaron que más de 500 camiones de carga bolivianos quedaran varados en Chile.
Los impactos de la medida cautelar se sintieron de inmediato para los más de 800 trabajadores directos y 1.000 indirectos que se benefician de la compañía, así como también para los transportistas. Según constató Fosk, alcanzaron a materializarse alrededor de 50 despidos en estas siete semanas, «pero no podemos dejar de decir que más de 100 trabajadores indirectos -especialmente transportistas de comunidades indígenas- han sufrido un desastre irreparable en sus vidas, a todo nivel».
Respecto al perjuicio económico de la paralización: «Aún no lo hemos cuantificado en detalle, pero sin duda ha sido un impacto difícil de recuperar. El perjuicio que ha sufrido la empresa y toda la gente que depende de ella, es inconmensurable».
Para dimensionar las pérdidas en cuanto a la producción, cabe señalar que la compañía produce 110.000 de toneladas métricas de ácido bórico al año y a mediados de octubre la firma confirmó a DF que tenía stock para operar por dos meses y medio más.
Consultado por si la medida cautelar y sus nuevas condiciones ponen en riesgo que Quiborax se mantenga como la tercera mayor productora de boro del mundo, su gerente general respondió: «absolutamente».
¿Qué implica el levantamiento parcial de la medida cautelar?
Con la resolución del Tribunal, la medida cautelar continúa vigente y rige hasta el 31 de diciembre, pero acotada a los límites del sitio Ramsar Salar de Surire. Así, Quiborax podrá cumplir una de sus principales demandas: retirar y transportar el mineral que estaba extraído desde antes del 11 de septiembre y acopiado en el salar, equivalente a casi 400 mil toneladas.
Sin embargo, ambas tareas involucran una serie de medidas adicionales, como control y mitigación de impactos asociados al retiro y transporte del material, incluyendo la cantidad de camiones, horario de circulación, velocidad y medidas de seguridad vial. Para todo ello, debe presentar previamente un plan detallado con todos los trabajos contemplados, además de implementar un programa de monitoreo para informar sobre la fauna silvestre cercana a las zonas de acopio.
«Nos parecen medidas restrictivas, pero que somos capaces de cumplirlas sin inconvenientes. El costo logístico de llevarlas a cabo aún no lo hemos dimensionado, pero lo relevante ahora es ponerlas en práctica y empezar a trasladar el mineral. Nuestros transportistas comunidades indígenas llevan meses sin generar el sustento para sus hogares y, en ese contexto, estamos dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tranquilidad de nuestra gente», comentó Fosk.
Respecto al rechazo del tribunal ante la solicitud de Quiborax de limitar la medida cautelar sólo al área Monumento Natural Salar de Surire, expresó: «Nos parece prudente de parte del Tribunal. Como empresa entendemos la máxima protección que involucra esa área y, precisamente por ello, es que hace más de dos años ofrecimos un retiro programado y voluntario de la misma».
«Evidentemente que ello nos genera un impacto a todo nivel, pero, como digo, comprendemos -y suscribimos- la preocupación por amparar al máximo el Monumento Natural, tal como lo hemos hecho durante décadas a través de los más exhaustivos programas de seguimiento y monitoreo ambiental», agregó.
En cuanto a la situación presente de la firma, el gerente general indicó que «menos de dos meses no será suficiente para retirar todo el mineral acopiado, pero tenemos la esperanza que prevalecerá la razonabilidad y el mérito de los antecedentes que ya constan en el proceso y, en consecuencia, haremos todos los esfuerzos posibles para que la medida cautelar que aún afecta e impacta a la empresa y toda nuestra gente, no se extienda más allá del plazo que el propio Tribunal dispuso para ella (31 de diciembre)».
¿Qué viene ahora para la empresa? «Esperamos retomar las conversaciones con el CDE, a fin de buscar -y ojalá materializar en corto plazo- las alternativas de una solución amigable y pacífica a este muy ingrato e injusto conflicto. No nos interesa litigar, sino producir y dar trabajo, estabilidad y tranquilidad a la comunidad en que nos desenvolvemos», concluyó Fosk.
Fuente: Diario Financiero
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