La instancia judicial fijó una audiencia para el próximo 24 de marzo para escuchar los alegatos de las partes respecto a la iniciativa de Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, la que involucra una inversión de US$ 1.300 millones.
Una nueva arista se abrió para el proyecto Infraestructura Complementaria (INCO) de Minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals. El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite la reclamación presentada por vecinos de la localidad de Caimanes en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por la aprobación de la iniciativa del grupo Luksic que contempla una inversión de US$ 1.300 millones.
Según comunicó el Tribunal con sede en Antofagasta, se realizará una audiencia el próximo 24 de marzo a las 15 horas, día en que los ministros escucharán los alegatos tanto de los vecinos de Caimanes como de la empresa por los puntos en controversia.
El proyecto contempla diversas obras en las comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos en la Región de Coquimbo, que apuntan a recuperar y mantener los niveles de tratamiento y producción de Minera Los Pelambres, sin sobrepasar la capacidad máxima ambientalmente aprobada de 210 mil toneladas diarias.
En abril del año pasado la compañía logró el financiamiento para desarrollar el proyecto a través de un préstamo -el que fue calificado por la firma como el más grande de su historia- en dos tramos: Japan Bank for International Cooperation (JBIC) otorgó US$ 425 millones a 10 años y, además, un conjunto de bancos internacionales aportó los otros US$ 875 millones a siete años. Estas entidades son Mizuho Bank, Export Development Canada, Scotiabank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) y Bank of China.
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En su reclamación los vecinos de la localidad aseguran que el proyecto “perjudicará y ya perjudica la vida de los habitantes de Caimanes al ser una amenaza latente, permanente a su legítimo derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Por esto, los reclamantes solicitan invalidar la resolución del SEA que aprobó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto y la que rechazó la solicitud de invalidación presentada por los mismos vecinos.
Respecto a la RCA, los vecinos aseguran que hubo vicios en la etapa de participación ciudadana y sostienen que “adolece de un vicio fundamental” porque a los vecinos “no se les permitió ni facilitó formular sus observaciones ya que nunca fueron debidamente informados de la realización de tan importante actividad”.
Aseguran que “los habitantes de Caimanes no están en contra de la realización del proyecto Infraestructura Complementaria. Lo que ellos simplemente reclaman y piden es que no se les considere ciudadanos de segunda clase”, dice la reclamación presentada.
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