El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite una reclamación presentada por Confinor contra decisiones adoptadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en el marco de un procedimiento sancionatorio ambiental ligado a su proyecto de manejo de residuos industriales en la Región de Atacama. El caso podría marcar un precedente relevante respecto de los límites de participación de terceros en investigaciones ambientales, especialmente cuando existen vínculos con empresas competidoras dentro del mismo mercado. La controversia surge luego de que la SMA reconociera como “interesados” a ocho trabajadores de Solenor, compañía que opera en el mismo rubro de tratamiento y disposición de residuos peligrosos. Confinor sostiene que dicha decisión vulnera garantías básicas del procedimiento administrativo y podría permitir acceso a información sensible de carácter comercial y operativo.
Confinor cuestiona legitimidad de participación en proceso sancionatorio
La reclamación presentada ante el tribunal busca revertir la resolución de la SMA que otorgó calidad de interesados a trabajadores vinculados laboralmente con Solenor.
Según Confinor, estas personas no tendrían un interés ambiental legítimo ni directo en el procedimiento, sino que actuarían defendiendo intereses económicos asociados a una empresa competidora.
La compañía argumentó además que esta participación podría generar riesgos para la confidencialidad de antecedentes estratégicos relacionados con su operación y con el desarrollo del procedimiento sancionatorio.
Entre los principales cuestionamientos expuestos ante el tribunal se encuentran:
- El eventual uso del proceso administrativo con fines competitivos.
- La posibilidad de acceso a antecedentes reservados.
- La supuesta falta de acreditación de interés ambiental concreto.
- Restricciones al derecho a defensa por acceso incompleto a documentos.
La empresa también sostuvo que la SMA habría omitido entregar íntegramente ciertos antecedentes incorporados por los solicitantes al expediente administrativo.
Tribunal Ambiental solicita antecedentes a la SMA
Tras declarar admisible la reclamación, el Primer Tribunal Ambiental solicitó formalmente a la SMA remitir un informe detallado explicando las razones jurídicas y administrativas que sustentaron el reconocimiento de los trabajadores como interesados dentro del procedimiento.
Asimismo, el tribunal pidió la entrega de todos los antecedentes administrativos asociados al caso.
En paralelo, la instancia judicial deberá pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por Confinor, consistente en suspender temporalmente el procedimiento sancionatorio mientras se resuelve el fondo de la controversia.
La resolución podría transformarse en un antecedente relevante para futuros procesos ambientales, especialmente en industrias donde distintos actores compiten dentro de mercados altamente regulados y donde los procedimientos administrativos pueden involucrar información técnica, financiera y operacional sensible.
Proyecto en Atacama involucra tratamiento de residuos industriales
El conflicto está relacionado con el Centro de Manejo de Residuos Industriales impulsado por Confinor en la comuna de Copiapó, en el sector Llano Seco–Portezuelo Cardones, aproximadamente a 20 kilómetros al sur de la capital regional.
La iniciativa contempla instalaciones destinadas a:
- Recepción y disposición de residuos peligrosos.
- Tratamiento y valorización de residuos industriales.
- Recuperación de aceites usados.
- Reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos.
- Limpieza de vehículos transportadores de residuos.
- Gasificación y recuperación de materiales.
El proyecto forma parte de un segmento estratégico para la industria minera y energética, considerando el crecimiento de requerimientos asociados al manejo de residuos industriales y ambientales en el norte del país.
Debate sobre participación ciudadana y competencia económica
El caso también abre una discusión más amplia respecto del alcance de la participación de terceros dentro de procedimientos sancionatorios ambientales.
Mientras algunos sectores defienden mecanismos amplios de participación y fiscalización ciudadana, otros advierten sobre posibles riesgos cuando dichas intervenciones involucran actores con intereses económicos directos en mercados competidores.
La resolución final del tribunal podría establecer criterios relevantes sobre:
- Quiénes pueden ser considerados interesados legítimos.
- Qué estándares deben acreditarse.
- Cómo proteger información sensible.
- Cuáles son los límites entre interés público y competencia comercial.
El proceso continuará durante las próximas semanas con la revisión de antecedentes y descargos por parte de la SMA y de las partes involucradas.
