Tribunal Ambiental autoriza parcialmente a Quiborax operar en el Salar de Surire bajo condiciones ambientales reforzadas, pero mantiene prohibiciones generales.
Autorización parcial para Quiborax en el Salar de Surire
El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta autorizó de forma parcial y excepcional la reanudación limitada de operaciones de Quiborax S.A. en el Salar de Surire. Esta medida, resultado de la causa Rol D-31-2024, mantiene suspendida toda explotación general mientras no exista sentencia definitiva o un acuerdo entre las partes, tras la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presunto daño ambiental.
La resolución permite exclusivamente tareas de nivelación sobre áreas intervenidas durante 2024 y 2025, además del retiro y transporte de ulexita acopiada en zonas externas al Monumento Natural Salar de Surire. Todo el proceso queda sujeto a condiciones ambientales formuladas previamente por el Tribunal Ambiental y bajo fiscalización pública.
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Condiciones y límites para la explotación de ulexita
El régimen excepcional aprobado para 2026 considera la explotación de ulexita entre mayo y noviembre, acotado a 12 polígonos fuera de áreas de mayor sensibilidad ecológica. La cifra máxima autorizada asciende a 320.000 toneladas, con un tope operativo de 55.000 toneladas mensuales y una restricción estricta de no superar los 60 centímetros de profundidad extractiva.
En la práctica, la empresa no podrá extraer agua, debiendo además presentar en un plazo de 10 días hábiles un plan de trabajo actualizado para aprobación del tribunal. Este documento debe incorporar condiciones técnicas detalladas, medidas de resguardo y reportes mensuales, además de la delimitación precisa de los polígonos y caracterizaciones topográficas y ambientales.
Exigencias ambientales y fiscalización pública
Quiborax deberá entregar antecedentes sobre fauna y avifauna presentes, identificar impactos y riesgos asociados, y especificar en detalle los procedimientos de nivelación post-extracción. El monitoreo y la fiscalización estarán a cargo de Sernageomin, Conaf y la Dirección Regional de Vialidad de Arica y Parinacota.
Estas entidades supervisarán tanto la medida cautelar aún vigente como el nuevo régimen restrictivo, en línea con la protección reforzada que exige el modelo Ramsar y la protección de la Reserva de la Biósfera Lauca a la que pertenece el salar.
Persiste debate ambiental y vigilancia estricta
La determinación del tribunal fue dividida. La ministra Sandra Álvarez Torres se pronunció en contra del levantamiento parcial al considerar insuficientes las medidas para prevenir los riesgos ambientales, postura que refleja la controversia abierta sobre el equilibrio ecosistémico y los impactos reproductivos en la avifauna del salar.
El proceso judicial sigue abierto, y el posible daño ambiental será evaluado en el fallo de fondo o un eventual acuerdo. El CDE subraya que cualquier flexibilización puede afectar la biodiversidad, mientras Quiborax busca continuidad operativa en sectores menos sensibles.
Transporte y limitaciones viales
Para el retiro y transporte de material desde el Salar hasta la Planta El Águila por las rutas A-95 y A-295, Quiborax debe presentar y conseguir la aprobación de un plan de conservación vial enfocado en medidas de humectación en los sectores críticos, bajo control de la Dirección Regional de Vialidad. Hasta que el plan no sea visado, no podrán ejecutarse intervenciones en estas rutas.
Contexto sectorial e implicancias
La ulexita extraída en el Salar de Surire es fundamental para la producción de compuestos de boro, insumo relevante en la industria química. La explotación autorizada representa una reactivación productiva acotada, con aporte a la cadena industrial y la economía local, pero bajo estrictas condiciones técnicas y vigilancia ambiental reforzada.
Esta resolución no implica el cierre del conflicto: la operación de Quiborax sigue condicionada a un fallo definitivo sobre el presunto daño ambiental, a la aprobación de planes específicos y al cumplimiento riguroso de todas las exigencias ambientales y de fiscalización establecidas por el tribunal.
