Tribunal Ambiental de Antofagasta solicita informes técnicos al gobierno por proyecto Dominga

La sede judicial debe hacer un nuevo análisis del caso y entrar en el fondo de la evaluación ambiental de la iniciativa, según determinó la Corte Suprema en septiembre.

En el marco del nuevo análisis que debe realizar el Primer Tribunal Ambiental respecto de la evaluación del proyecto minero Dominga, la sede judicial instalada en Antofagasta solicitó el 3 de julio nuevos informes al gobierno.

El objetivo es analizar si Andes Iron entregó o no antecedentes suficientes sobre el medio marino y las rutas de navegación del puerto que incluye la iniciativa que busca explotar hierro en la Región de Coquimbo, según el mandato que recibió de la Corte Suprema en septiembre.

A partir de esa fecha, el organismo dio un plazo de 15 días a las subsecretarías de Pesca, Medio Ambiente y a la Comisión Regional de Uso de Borde Costero para emitir la información de modo de hacer una “mejor resolución” del caso.

Esta acción no fue bien recibida por la red de organizaciones sociales y ambientales agrupadas en Alianza Humboldt, la que acusó al tribunal de estar “politizando la decisión, al solicitar a organismos que cuentan con claras influencias políticas que den su opinión, en vez de enfocarse en una revisión técnica como lo ordenó la Corte Suprema”.

De este modo, la organización presentó una reposición que busca invalidar la solicitud del Tribunal Ambiental de Antofagasta, la cual debería resolverse este lunes 13 de julio.

“El rechazo a Dominga se sustenta en la pobreza de su línea de base, lo cual fue explicado en cada uno de los informes técnicos que entregaron diversas reparticiones durante el proceso de evaluación ambiental. No olvidemos que Salud, Conaf, Sernapesca y Energía, entre muchos otros, hicieron llegar sus reparos al Comité de Ministros que, finalmente, cerró la puerta al proyecto de Andes Iron”, dijo Alejandra Donoso, abogada de Defensoría Ambiental y representante del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable Rural de Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros.

Fuente Diario Financiero