El Tribunal Ambiental se enfrenta a decidir sobre la demanda por daño ambiental en Calama tras escuchar alegatos finales y testigos.
Conclusiones de la audiencia de conciliación
El Tribunal Ambiental dio por finalizada la audiencia de conciliación en la demanda Rol D-35-2025, interpuesta por organizaciones sociales de Calama contra el Estado. La demanda, basada en alegaciones de contaminación atmosférica, cuestiona severos impactos en el ecosistema y la salud local. Durante la audiencia, Yeri Luza Pizarro, jefe del Subdepartamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Calama, destacó la presencia de niveles alarmantes de arsénico en el aire, agua y minerales. Según su testimonio, los problemas obedecen tanto a actividades antropogénicas como a características naturales del suelo, con una dispersión intensificada por vientos locales.
Por otro lado, Luza resaltó que iniciativas como el plan de gestión ambiental presentan carencias mientras que el Tranque de Talabre, un antiguo salar, sigue registrando altos niveles de arsénico. Su testimonio apuntó además a la presión ejercida por la escasez hídrica y las actividades mineras sobre los recursos disponibles, subrayando el impacto negativo en la biodiversidad y el paisaje. “Las medidas adoptadas han sido insuficientes”, señaló, destacando la necesidad de reforzar la fiscalización ambiental.
Posturas de las partes involucradas
El abogado de las organizaciones sociales, Sergio Chamorro, argumentó en su alegato que el daño ambiental es un fenómeno “significativo continuo persistente y acumulado”, evidenciado por el deterioro ambiental y el incumplimiento estatal sostenido desde 2009. Chamorro señaló que el primer plan de gestión adoptado carecía de respaldo legal, calificándolo de “instrumento informal”. Asimismo, criticó la ausencia de medidas estructurales y la anulación posterior del Plan de Descontaminación, lo cual, según su postura, ha perpetuado soluciones transitorias y una inacción estatal que agrava la situación.
En tanto, el abogado Diego Bascuñán Loyola, representando a la Municipalidad de Calama, centró su posición en una denuncia de “sacrificio ambiental” de la comuna. Alegó que los impactos acumulados en salud, suelo y biodiversidad se deben a una gestión estatal carente de justicia ambiental, y planteó que las decisiones históricas han situado a Calama como receptor desproporcionado de externalidades negativas. Propuso como fundamento la necesidad de establecer igualdad y dignidad hacia la comunidad afectada.
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Por su parte, Nicolás Escobar Gómez, en representación del Consejo de Defensa del Estado, defendió que no se ha acreditado un daño significativo que justificara las demandas realizadas. Argumentó que, pese a no existir un Plan de Descontaminación vigente, el Estado ha implementado medidas que han resultado en una mejora sostenida en la calidad del aire desde los años 90. “Lo que aquí ocurre es una situación de riesgo, no de daño significativo”, afirmó, refutando las acusaciones con datos favorables a las políticas públicas implementadas.
Próximos pasos del Tribunal
El tribunal ahora deberá decidir si los antecedentes presentados son suficientes para emitir una resolución o si, por el contrario, se requieren nuevas diligencias. Dentro del proceso, se ha planificado una inspección personal en terreno programada para los días 16 y 17 de diciembre, la cual permitirá a los magistrados evaluar directamente las condiciones ambientales reportadas en la demanda. El desarrollo de esta próxima etapa será crucial para el dictamen final sobre el caso.