En el marco de la Estrategia Nacional del Litio, que impulsa el gobierno del presidente Gabriel Boric, el Ministerio de Minería firmó con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile un acuerdo para realizar un estudio que apunte a la modernización institucional y regulatoria de litio. La Facultad tendrá la tarea de brindar asistencia técnica para desarrollar un ecosistema regulatorio “que permita una eficiente y eficaz gestión del litio y salares, considerando tanto los desafíos actuales de la industria y aquellos que propone la Estrategia Nacional del Litio”, según la descripción de la licitación.
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El desarrollo del estudio se extenderá por noventa días, y en él participará un equipo interdisciplinario integrado por los profesores Cristián Quinzio Santelices, Francisco Agüero, Emilio Castillo y Gustavo Lagos, con el apoyo de los profesores Abel Piñones, Ximena Insunza, Irene Del Real, y otros expertos y profesionales como Felipe López y Camila Reyes, bajo la dirección del director del Departamento de Derecho Económico, Jaime Gallegos, como responsable institucional del proyecto.
El estudio revisará la normativa vigente, y los desafíos que presenta frente el escenario actual de la explotación del recurso y la futura demanda de esta riqueza mineral, con la finalidad de realizar un análisis acabado en asuntos de derechos involucrados, propiedad minera, institucionalidad y valor agregado.
El informe contratado a la Universidad de Chile tiene un costo total de $30 millones y considera tres etapas: planificación de la asesoría (10 días); avance intermedio (60 días) e informes finales (90 días). Asimismo, se establece en el contrato que debe abarcar la descentralización, con entrevistas a los gobiernos regionales donde existan salares y eventual desarrollo de la industria del litio, especialmente en la regiones de Arica, Antofagasta y Atacama; además de entrevistas a académicos de las universidades regionales.
El estudio deberá analizar temas claves para el desarrollo del litio respecto del relacionamiento comunitario con pueblos indígenas. La metodología que se empleará consistirá en la búsqueda de la jurisprudencia de todo lo que diga relación con las actividades de investigación y explotación del litio.
Por último, el informe debe considerar como insumo el trabajo en conjunto que han realizado la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la Universidad de Buenos Aires.
Por otro lado, el Ministerio de Minería firmó el 12 de octubre un nuevo acuerdo con la agencia de comunicaciones y relacionamiento público y privado, Tironi y Asociados, sobre la industria del litio.
El contrato lleva por nombre “Asesoría para el tratamiento de información sobre litio y salares para su adecuación en plataforma web, con la finalidad de informar a la ciudadanía”. La cartera pagó otros $30 millones por un trabajo que encomienda “la sistematización, tratamiento, y clasificación de información técnica con la que cuenta la subsecretaría de Minería y otros órganos del Estado con competencia sobre litio y salares, respecto de temas ambientales, hidrológicos, hidrogeológicos, territoriales, culturales, entre otros”.
Este se trata del segundo contrato que la agencia del reconocido sociólogo se adjudica con la misma cartera en el último año. En septiembre de 2022, Tironi y Asociados desarrolló una asesoría, cuyo objetivo general estaba orientado a “la generación de un relato comunicacional”, en una fase previa que sirvió para preparar las estrategias de relacionamiento y de generación de confianza con los distintos grupos de interés en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
En esta nueva licitación, la sistematización de la información encargada a Tironi “permitirá dar a conocer a la ciudadanía, toda aquella información relevante en torno a litio y salares, con la finalidad de facilitar la disponibilidad y reportabilidad de dichas informaciones ante la ciudadanía, a través de la plataforma de participación ciudadana digital con que cuenta la Subsecretaría de Minería”, según detalla el contrato suscrito.
Allí se establecen cuatro objetivos específicos: la sistematización de la información y su clasificación; la adaptación de dichos resultados a las plataformas de participación e información institucionales; prestar apoyo en el proceso de customización de la página; y la generación y coordinación de una actividad de lanzamiento de los resultados y su dispocisión en la plataforma del Ministerio.
Para el cumplimiento de los objetivos específicos, el contrato establece 30 días corridos para el primero, 60 para el segundo y 80 para los últimos dos. Así, la duración del contrato se extiende por 80 días desde la total tramitación administrativa, pero también se estableció como fecha límite para el mismo no extenderse más allá del próximo 31 de diciembre.
Asimismo, el Ministerio de Minería firmó un contrato de prestación de servicios con Bering Asesores. La firma, cuyos socios son el ex fiscal nacional económico Ricardo Riesco y Sebastián Castro, exjefe de Estudios de Mercado de la entidad persecutoria, se encargará de elaborar un análisis de la estrategia de otorgamiento de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) desde la perspectiva del derecho de la libre competencia. El objetivo es detectar eventuales riesgos y proponer mecanismos para mitigarlos. El contrato tiene un costo de 850 UF (poco más de $30 millones).
En su labor como fiscal nacional económico, Riesco estuvo a cargo de informar y aportar antecedentes al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en la consulta que presentó la Compañía Minera Salares del Norte sobre las bases de licitación para suscripción del contrato especial de operación para la explotación de yacimientos de litio.
El contrato del ministerio sostiene que “la realización de ese estudio de mercado constituye un conocimiento técnico, que a través de la expertise de su equipo de trabajo, solo posee el consultor propuesto en el mercado y que justifica la contratación directa con el proveedor para la realización del análisis de la estrategia de otorgamiento del CEOL desde la perspectiva del derecho de la libre competencia en el contexto de la Estrategia Nacional del Litio”.
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