Empresa que opera un parque eólico en la Región de Atacama, con una capacidad de 550 GWh, pidió al Coordinador Eléctrico ejecutar la boleta de garantía por $ 964 millones para dar cumplimiento a sus contratos. Fuentes del ámbito regulador enfatizan que estos casos -la semana pasada cayó María Elena Solar- no comprometen el abastecimiento a los clientes regulados ni la cadena de pagos del sistema eléctrico. Ambas empresas representan el 2,3% de la energía contratada para 2022.
Tal como advertían en el mundo de las energías renovables, la declaración de insolvencia de la empresa María Elena Solar SA, de la española Solarpack, no venía sola. Ayer 6 de octubre, el parque eólico Ibereólica Cabo Leones II (ICLII) informó al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) la imposibilidad de cumplir obligaciones de pago derivadas de los balances de transferencias económicas del mercado de corto plazo determinadas por el organismo que gestiona el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), las que derivan de su posición de empresa generadora deficitaria en el Informe de Valorización de Transferencias Económicas de agosto.
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Ambas empresas, María Elena e Ibereólica, representan el 2,3% de la energía contratada para 2022. Trascendió que la autoridad ya ha sido alertada de la posibilidad de que otras empresas renovables repitan este círculo y caigan también en cesación de pagos.
El representante de la empresa, José Antonio Osorio del Olmo, explicó en la misiva al director ejecutivo del CEN, Ernesto Huber, que la firma se encuentra impedida de realizar dichos pagos atendida la difícil situación financiera que enfrenta, derivada de circunstancias que escapan a su control y diligencia. Y agrega que “no podrá cumplir a futuro con las obligaciones de pago de las transferencias económicas que determine el Coordinador en nuevos balances de transferencias económicas y asigne a ICLII si tuviera la posición de generador deficitario en tales balances”.
Por tanto, la firma solicita ejecutar la boleta bancaria de garantía de cumplimiento de la cadena de pagos del sistema eléctrico nacional por $ 964 millones, la que ICLII no podrá renovar luego de su ejecución; pagar a prorrata, por cuenta de ICLII, con el producto de la ejecución de la garantía a los coordinados acreedores de ICLII; y adoptar las medidas que correspondan respecto de la continuidad de la participación de ICLII en los balances de transferencias económicas del Coordinador, correspondientes al mercado de corto plazo del sistema eléctrico nacional, a fin de preservar la continuidad de pagos del sistema y contener las pérdidas financieras que la participación de ICLII en el mercado de corto plazo irrogaría, dice la carta.
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El parque eólico Cabo Leones II, de Ibereólica Renovables y Grupo Naturgy, está instalado en la comuna de Freirina, provincia de Huasco, Región de Atacama; tiene una capacidad aproximada de generación anual de 550 GWh. Empezó a operar a fines de 2020 y comprende 49 aerogeneradores con 5 MW de potencia instalada cada uno; fue financiado con un crédito sindicado de US$ 217 millones. Es uno de los ocho proyectos que actualmente construye y/o explota Grupo Ibereólica Renovables en Chile con distintos socios. A fines de 2017, con EDF Renewables, puso en marcha Cabo Leones I, integrado por 55 aerogeneradores y con una capacidad aproximada de generación anual de 367 GWh; y con Repsol desarrolló Cabo Leones III, de 82,5 MW.
Hace una semana, el 29 de septiembre, ya había comunicado su insolvencia María Elena Solar S.A., cuyas deudas impagas por balances ascendían a $2.788 millones y contaba con una boleta de garantía por $ 2.507 millones, la que ya fue ejecutada por el Coordinador, junto con excluirla del mercado de corto plazo desde el pasado 1 de octubre.
En una minuta del 4 de octubre al Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía (CNE) explica que dado el alto nivel de contratación actual para las distribuidoras y el bajo volumen de este suministrador particular, “el eventual término anticipado del contrato de María Elena Solar no representaría riesgo de abastecimiento ni necesidad de nuevas licitaciones con inicio de suministro anterior a 2027 (fecha para la cual ya se encuentra programado un nuevo proceso de licitación en 2023)”. Agrega que ante el término de cualquier contrato, el suministro será abastecido por los restantes generadores.
Ante las alertas que empresas y gremios del sector eléctrico le han manifestado en cuanto a que habría otros casos con problemas financieros similares, la CNE planteó que, para recabar la información precisa y concreta, convocará a una mesa público-privada, la que fue citada para el próximo jueves.
En la minuta, que el ministro Diego Pardow expuso esta semana en el Congreso, la CNE comunica que “María Elena Solar planteó la solicitud de suspender temporalmente el contrato de suministro con las distribuidoras, de modo de detener sus obligaciones de retiros al mercado spot en este período de altos costos marginales”. Sin embargo, la CNE aclaró que “no existen disposiciones expresas en el contrato que contemplen la posibilidad de suspensión temporal de este”. La autoridad planteó a la empresa que intentara ceder el contrato a otro generador.
“En la mesa público-privada se analizarán eventuales medidas de corto, mediano y largo plazo que tengan objeto paliar una eventual situación de riesgo para el Sistema Eléctrico Nacional o el suministro a clientes regulados”, dice la CNE.
Otras fuentes del ámbito regulador insisten en que ambos casos no ponen en juego ni el suministro de los clientes regulados, dada la sobrecontratación del sistema, como tampoco la cadena de pagos.
Fuente: La tercera
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