La entrada en vigencia de la Ley 21.719 eleva las exigencias sobre el tratamiento de información sensible y abre un nuevo frente laboral y regulatorio en sectores intensivos en monitoreo, como la minería.
La inminente entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales está generando inquietud en el sector empresarial chileno. La normativa, que endurece las obligaciones para el tratamiento de datos sensibles (incluyendo imágenes y registros biométricos), coincide con un aumento de denuncias laborales que ponen en cuestión la forma en que las compañías están incorporando tecnologías de vigilancia y monitoreo en sus operaciones.
Uno de los casos que ha encendido alertas en la industria minera es el conflicto entre Minera Sierra Gorda y el Sindicato de Trabajadores N° 2, donde la Inspección del Trabajo ya constató infracciones relacionadas con el uso de sistemas de monitoreo instalados en las cabinas de los camiones de extracción de alto tonelaje (CAEX).
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La fiscalización reveló que la empresa mantiene cámaras y sensores al interior de las cabinas, cuyos registros son enviados a una compañía externa en Estados Unidos para su procesamiento. El sistema genera alertas cuando detecta indicios de somnolencia en los conductores.
Aunque la empresa sostiene que la tecnología busca prevenir accidentes, la Inspección del Trabajo concluyó que el mecanismo implica una afectación directa a la intimidad de los trabajadores y afecta negativamente su salud, al mantenerlos bajo vigilancia constante.
Desde el directorio del Sindicato de Trabajadores N° 2 de Empresa Minera Sierra Gorda se cuestiona la falta de transparencia y control sobre el tratamiento de los datos:
“La empresa decidió grabar a los trabajadores todo el día y enviar estas imágenes a otro país, sin pedir autorización. Nos vigilan como si fuéramos parte de la maquinaria y no trabajadores con derechos”.
La fiscalización también determinó que la compañía no solicitó consentimiento expreso para el uso de datos biométricos ni reguló el sistema en su Reglamento Interno, incumpliendo exigencias legales básicas.
El caso ha generado preocupación en sectores productivos donde la automatización y los sistemas de monitoreo se han vuelto parte de la operación cotidiana. Abogados laboralistas advierten que la nueva ley eleva significativamente los estándares de cumplimiento y que prácticas que antes se consideraban aceptables hoy pueden constituir infracciones graves.
El presidente del sindicato enfatiza que el problema no es la tecnología, sino su uso sin límites:
“Las empresas tienen que entender que no pueden hacer lo que quieran con nuestros datos. La seguridad no puede justificarse a costa de la privacidad”.
Un precedente para el sector minero y más allá
El caso fue judicializado y se encuentra a la espera de resolución. Sin embargo, su impacto ya trasciende a la compañía involucrada. En un sector donde la automatización y los sistemas de alerta temprana se han convertido en herramientas clave para la continuidad operacional, el debate sobre proporcionalidad, consentimiento y transferencia internacional de datos se vuelve ineludible.
La nueva ley obliga a las empresas a implementar políticas robustas de gobernanza de datos, mecanismos de consentimiento informado, evaluaciones de impacto y controles estrictos sobre proveedores tecnológicos, especialmente cuando operan fuera del país.
Un cambio de paradigma en la gestión empresarial
Mientras el tribunal laboral decide sobre el caso de Minera Sierra Gorda, el conflicto ya ha puesto sobre la mesa una discusión urgente: la necesidad de compatibilizar innovación tecnológica, seguridad laboral y derechos fundamentales.
“No estamos en contra de la tecnología”, afirma el dirigente sindical. “Estamos en contra del abuso. Y este caso demuestra que, sin regulación y sin respeto, la tecnología se convierte en una herramienta de control”.
Con la nueva normativa a la puerta, las empresas deberán revisar sus sistemas de vigilancia, actualizar sus políticas internas y fortalecer sus mecanismos de cumplimiento. La discusión ya no es solo jurídica: es estratégica. Lo que está en juego es la capacidad de las organizaciones para integrar tecnología sin comprometer la confianza de sus trabajadores ni exponerse a riesgos regulatorios crecientes.
