De estas, 52 se localizan en la macrozona norte, y 221 en la macrozona centro. “Nosotros vemos con temor de que esto se transforme en verdaderos decretos de amarre que puedan afectar la actividad minera”, apuntó el presidente de Sonami, Jorge Riesco.
La discusión sobre las áreas protegidas en la macrozona norte, centro y sur no da tregua. Este miércoles la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) entregó datos duros a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la afectación a la pequeña y mediana minería.
El presidente de la Sonami, Jorge Riesco, dijo que identificaron un total de 273 instalaciones mineras dentro de los sitios prioritarios, que preliminarmente serían 99. De estas, 52 se localizan en la macrozona norte, y 221 en la macrozona centro. Sectores de Chancón, Catemu y Cabildo estarían afectados por las zonas prioritarias.
En la macrozona norte se ven comprometidas un total de 4.211 concesiones. De ellas, 2.947 son de explotación y 1.264 de exploración. Aquellas engloban más de 755 mil hectáreas equivalentes al 59% de la superficie total de la macrozona, que es de 1.266.839 hectáreas.
“Lo que hay que hacer es tomarse esta consulta y este proceso de revisión de los sitios prioritarios con mucho cuidado, con mucha cautela, hay que revisarlo bien”, afirmó Riesco. “Primero, porque los sitios prioritarios que se fijaron no son conocidos”.
La discusión sobre la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y que se encuentra en etapa de consulta ciudadana, ha preocupado a sectores de la minería nacional. A tal punto, que esta semana se creó un nuevo gremio desde la misma Sonami para defender los intereses de ciertos grupos de mineros afectados por la ley mencionada.
“Pedimos que nos tomemos el total de los tres años que quedan todavía, de los cinco que se fijaron por ley, para hacer esta revisión. Y en esos cinco años revisar todas las faenas que hay dentro de los límites”, solicitó el timonel del gremio minero.
“No exagero si digo que la inquietud que hay, especialmente en pequeña minería, yo la comparo prácticamente con la inquietud con la que partimos este gobierno. En donde había un proceso constitucional en marcha que ponía en riesgo la supervivencia de la minería y hoy día, diría yo, estamos enfrentando lo mismo. La pequeña y mediana minería no sabe realmente a qué se va a enfrentar”, declaró Riesco.
El centro del asunto
La ley se encuentra vigente desde septiembre de 2023, pero su implementación más otras gestiones son las que han generado la preocupación en el sector.
Precisamente, el origen de la discusión se da por la publicación en el Diario Oficial por parte del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) -con fecha 3, 4 y 5 de septiembre de este año- de tres listados de sitios prioritarios, considerando las macrozonas norte, centro y sur del país.
Publicado el listado, comenzó también un proceso de consulta ciudadana con un tiempo máximo de 30 días a través de un sitio web del MMA para hacer observaciones.
El plazo ya está por cerrar, entre el 17 y 21 del presente mes. Este proceso de consulta está definiendo los nuevos sitios protegidos que se regirán por la Ley SBAP, considerando su valor ecológico, superficie y coordenadas. El plan del MMA, dijo Riesco, se busca completar con un consejo de ministros para la sustentabilidad en diciembre de este año.
La presentación realizada por Sonami a la Comisión advierte que “existe el riesgo que se requiera RCA o al menos consulta de pertinencia respecto de toda actividad económica a desarrollarse en sitios prioritarios”.
Además, agrega que “no se hace una revisión de fondo de todos los sitios prioritarios, sino que igualmente los que no sean regidos por la Ley SBAP, seguirán siendo sitios prioritarios por la Estrategia Nacional y Estrategias Regionales, sin otorgar claridad sobre qué actividades pueden realizarse en ellos”.
En tanto, el viernes 3 de octubre, Sonami tuvo una reunión con la ministra de Minería, Aurora Williams, para solicitar ayuda en la postergación de fechas de consulta y saber si la cartera compartía la preocupación sobre esta materia. A lo que el ministerio asintió.
“Nosotros vemos con temor de que esto se transforme en verdaderos decretos de amarre que puedan afectar la actividad minera”, concluyó Riesco.
Fuente: La Tercera
