Una disputa que tensiona la Estrategia Nacional del Litio
La compañía francesa Eramet activó una ofensiva judicial en Chile para resguardar sus intereses en los salares del norte, tras haber perdido ante Rio Tinto la licitación para asociarse con la Empresa Nacional de Minería (Enami) en el proyecto de litio Salares Altoandinos. La empresa presentó tres demandas de servidumbre minera en la Región de Atacama, con el objetivo de asegurar el acceso a zonas donde la estatal pretende desarrollar el proyecto junto a la multinacional australiana.
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Eramet, que desembolsó cerca de US$ 100 millones por concesiones en los salares Aguilar, La Isla, Grande, Agua Amarga y Piedra Parada, busca con esta acción judicial proteger esos derechos frente a posibles superposiciones con los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) impulsados por el Gobierno. El caso marca el primer conflicto de relevancia entre un actor internacional y el Estado bajo la nueva Estrategia Nacional del Litio.
Expectativas frustradas y proyectos en suspenso
La empresa francesa había llegado al país con altas expectativas. La política de fomento al litio, presentada en 2023, abría la puerta a nuevos socios privados fuera del salar de Atacama, actualmente explotado por SQM y Albemarle. No obstante, las negociaciones con el Estado se complicaron y Eramet terminó retirándose de dos proyectos: uno junto a Codelco y Quiborax en el salar de Ascotán, y otro en Agua Amarga, donde, pese a contar con pertenencias, aún no se logra un acuerdo definitivo para formalizar el CEOL.
Fuentes del sector señalan que las exigencias planteadas por la compañía habrían excedido las condiciones que el Ejecutivo estaba dispuesto a conceder, lo que podría sellar el fin de esa iniciativa. Sin embargo, esos proyectos no representan el foco central de Eramet, que mantiene intereses más estratégicos en los salares donde Enami proyecta la alianza con Rio Tinto.
Choque con el proyecto Altoandinos
En mayo pasado, Enami eligió a Rio Tinto como socio operador y financista del proyecto Salares Altoandinos, una decisión que tomó por sorpresa a Eramet. La empresa francesa alegó haber adquirido a fines de 2023 el proyecto Siete Salares —a la familia Vecchiola y Talison— por cerca de US$ 95 millones, el cual incluye concesiones precisamente en las zonas donde se emplazará el emprendimiento de Enami.
Eramet consideraba tener ventaja en la licitación, ya que el Gobierno había establecido que, en algunos procesos, tendrían prioridad los postulantes que acreditaran controlar al menos el 80% de las concesiones mineras sobre los polígonos salinos definidos. Tras la decisión, la compañía inició una revisión interna de sus opciones legales y, un mes y medio después, presentó tres demandas ante el Primer Juzgado de Letras de Copiapó.
Las servidumbres en litigio
Las acciones buscan obtener servidumbres mineras de ocupación y tránsito sobre terrenos fiscales en los salares de La Isla, Aguilar y Agua Amarga, con el propósito de realizar sondajes y continuar con la segunda fase de su programa de exploración. Según las demandas, las servidumbres son indispensables para acceder a las áreas donde Eramet posee concesiones mineras.
El abogado Juan Paulo Bambach, del estudio PPU, presentó las acciones en representación de Eramet Chile S.A., filial del grupo francés Eramine —donde el Estado galo posee un 27%—. En total, la empresa controla 361 concesiones mineras que abarcan más de 101 mil hectáreas en la Región de Atacama. En La Isla, la servidumbre solicitada cubre 2.302 hectáreas; en Aguilar, 2.120; y en Agua Amarga, apenas 0,18 hectáreas.
El tribunal de Copiapó concedió el 16 de septiembre la servidumbre en el salar La Isla, fijando una indemnización de 3.454 UF (equivalente a unos $136 millones), pese a la oposición del Consejo de Defensa del Estado. No obstante, el fallo aún no queda ejecutoriado, debido a observaciones presentadas por la Seremi de Atacama, que advirtió una posible superposición con los polígonos incluidos en los CEOL de Enami y Rio Tinto. El 1 de octubre, el juzgado aceptó también la demanda relativa a Agua Amarga, mientras que la de Aguilar sigue pendiente de resolución.
Debate legal sobre el alcance de las concesiones
Las demandas de Eramet ponen a prueba los límites del régimen minero chileno. La compañía argumenta que sus concesiones le otorgan derechos sobre minerales “concesibles”, es decir, todos los que pueden extraerse del subsuelo excepto el litio, que no es concesible y cuya explotación requiere autorización estatal. Las acciones buscan establecer un precedente que resguarde la inversión privada en zonas donde coexisten distintos tipos de derechos mineros.
El vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, advirtió recientemente en entrevista con Diario Financiero que los derechos de Eramet no incluyen el litio. “Lo que tienen son concesiones de los elementos bajo la superficie. La superficie es terreno fiscal y los derechos sobre el litio están en el Estado y, con el CEOL, en las condiciones que establece el CEOL”, señaló. Enami declinó emitir comentarios adicionales sobre el litigio.
Un conflicto con proyección internacional
Analistas del sector consideran que este caso podría convertirse en un punto de inflexión para la política de asociación público-privada en torno al litio. La ofensiva judicial de Eramet se interpreta como un intento de resguardar su inversión y, a la vez, de presionar al Gobierno para revisar los mecanismos de asignación de CEOL.
De prosperar sus demandas, la empresa podría consolidar un precedente jurídico relevante para futuros inversionistas interesados en participar del desarrollo de nuevos salares. Pero, si los tribunales ratifican la preeminencia del Estado, el caso podría reforzar el control público sobre el litio, una de las piezas centrales de la estrategia chilena para insertarse en la economía verde global.
