Desde 2021, el MINEM ha cambiado de titular en promedio cada cinco meses, afectando la ejecución de proyectos, la formalización minera y la continuidad de políticas públicas clave para el país.
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Una rotación sin precedentes en la historia reciente
Desde que Pedro Castillo asumió la presidencia en julio de 2021, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha tenido nueve ministros, lo que equivale a un promedio de un cambio cada cinco meses. Esta cifra, inédita en el sector, refleja la inestabilidad institucional que ha caracterizado a los últimos gobiernos y sus efectos sobre la política minera y energética del Perú.
El primer titular fue Iván Merino Aguirre, quien inauguró la gestión del MINEM en julio de 2021. A partir de entonces, la cartera pasó por las manos de Eduardo González Toro, Alessandra Herrera Jara (en dos periodos), Carlos Palacios Pérez, Oliverio Muñoz Cabrera, Óscar Vera Gargurevich, Rómulo Mucho Mamani y, finalmente, Jorge Montero Cornejo, quien dejó el cargo en octubre de 2025.
Efectos directos sobre la inversión minera y energética
El MINEM es el ente rector de un sector que concentra más del 60% de las exportaciones nacionales y constituye una de las principales fuentes de ingresos fiscales del país. Sin embargo, la falta de continuidad administrativa ha tenido un impacto directo en la cartera de inversiones mineras y energéticas, valorada en más de US$ 53.000 millones.
De acuerdo con especialistas del sector, varios proyectos estratégicos permanecen estancados o en revisión, debido a retrasos en los procesos de aprobación técnica y a la ausencia de lineamientos sostenidos. La incertidumbre regulatoria y los cambios de dirección política han debilitado la confianza de los inversionistas y ralentizado la ejecución de obras de infraestructura energética, esenciales para el crecimiento nacional.
Gestión fragmentada y debilitamiento institucional
La sucesión de ministros ha generado un escenario de gobernabilidad frágil dentro del MINEM, donde cada nueva gestión redefine prioridades y equipos técnicos. Este fenómeno ha debilitado la capacidad del Estado para articular políticas coherentes con los gobiernos regionales y las comunidades, un componente esencial para la gobernanza minera y la resolución de conflictos socioambientales.
En paralelo, la Ley MAPE —orientada a la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala— y la transición del REINFO siguen sin consolidarse, reflejando la falta de continuidad en los compromisos institucionales. A esto se suma la lentitud en la ejecución de proyectos de electrificación rural, transmisión y masificación del gas natural, pilares del desarrollo energético descentralizado del país.
El desafío de recuperar la estabilidad
Con la salida de Jorge Montero Cornejo en octubre de 2025, la cartera vuelve a enfrentar la incertidumbre de un nuevo relevo ministerial. Para los analistas, el principal desafío del próximo titular será restablecer la estabilidad técnica y la previsibilidad regulatoria, condiciones indispensables para recuperar la confianza del sector privado y avanzar en la agenda de inversión.
“La industria necesita continuidad y liderazgo técnico. No se puede construir una política energética ni minera sostenible cuando cada ministro impone su propio enfoque y deja la gestión a medio camino”, coinciden especialistas consultados.
Visión de largo plazo para un sector estratégico
El futuro del MINEM dependerá de su capacidad para institucionalizar una gestión profesional y apartada de vaivenes políticos. Fortalecer los equipos técnicos, modernizar los procesos de evaluación ambiental y agilizar la ejecución de proyectos emblemáticos serán tareas prioritarias para el próximo gobierno.
En un contexto global donde los minerales críticos y la transición energética cobran relevancia estratégica, el Perú necesita una política sectorial sólida, predecible y sostenible que combine inversión, competitividad y responsabilidad ambiental. Solo así podrá consolidarse como una potencia minera y energética confiable en la región.
