La comunidad acusa que la evaluación ambiental ignoró impactos culturales y paisajísticos asociados a la línea de transmisión del proyecto. El SEA y la minera defienden la legalidad del proceso y la inexistencia de afectaciones significativas. La controversia quedó en manos del Primer Tribunal Ambiental, que deberá resolver si hubo o no vicios esenciales en la aprobación.
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La disputa llega a sede judicial
La Junta de Vecinos de El Molle expuso ante el Primer Tribunal Ambiental sus reparos contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero Arqueros, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declarara inadmisible su solicitud de invalidación y rechazara el posterior recurso de reposición. La frase clave del artículo —La comunidad sostiene que la línea de transmisión del proyecto generará impactos no considerados sobre cementerios diaguitas y el paisaje del sector— resume el núcleo del conflicto.
En representación del barrio, el abogado Juan Molina argumentó que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo actuó de forma incorrecta al declarar inadmisible la solicitud de invalidación. Según afirmó, el órgano consideró únicamente la fecha de presentación —23 días antes del plazo de caducidad— sin ponderar que la ley obliga a revisar los antecedentes dentro del periodo de dos años, un margen que a juicio de la comunidad sí permitía tramitar el requerimiento.
Reclamo por afectación espiritual y cultural
Durante la audiencia, la Junta de Vecinos destacó que el principal foco de preocupación no es la mina en sí, sino el trazado de la línea de alta tensión (LAT) del proyecto, que —según afirma— afecta áreas de valor espiritual y cultural para la comunidad diaguita del sector.
El abogado Molina precisó que existen informes antropológicos y arqueológicos que acreditan la presencia de cementerios indígenas en el área de influencia directa, los cuales no fueron evaluados adecuadamente. “Estamos ante un daño grave sobre un cementerio, pero para el SEA y el tercero coadyuvante ese impacto simplemente no existe”, sostuvo. A su juicio, la administración incurrió en vicios esenciales que dejaron en indefensión a los interesados, ignorando componentes ambientales clave como identidad, espiritualidad y paisaje.
El jurista enfatizó que la comunidad no se opone al desarrollo minero, sino a la localización de la línea de transmisión, la cual —indicó— produce impactos “no marginales” en el paisaje y en los valores culturales del territorio.
La defensa del SEA: inadmisibilidad ajustada a derecho
En respuesta, el SEA defendió la legalidad de todo el proceso. El abogado Benjamín González sostuvo que la solicitud de invalidación fue presentada demasiado cerca del vencimiento del plazo legal para resolverla, lo que hacía inviable pronunciarse dentro del periodo de dos años fijado por la ley.
Asimismo, indicó que la reclamación judicial introduce argumentos que no fueron planteados durante el proceso administrativo, como la supuesta afectación al cementerio indígena o la necesidad de un segundo proceso de participación ciudadana. Esa omisión —afirmó— impidió al organismo analizar tales alegaciones en su momento.
Sobre el fondo, el SEA argumentó que distintos servicios públicos se pronunciaron conforme con los antecedentes del proyecto, que se incorporaron medidas de mitigación y compensación, y que la evaluación se enriqueció progresivamente con las observaciones técnicas y ciudadanas. Respecto del paisaje, aseguró que no se constató un impacto significativo y que existe un compromiso voluntario de pintar las torres más cercanas a la Ruta CH-41 para minimizar su presencia visual.
El punto de vista del titular del proyecto
La Compañía Minera Arqueros, representada por su abogado José Ignacio Ovalle, recalcó que la línea de transmisión ha sido objeto de un amplio debate y que actualmente presenta un 80% de avance en su construcción. “Las torres están instaladas y visibles desde algunos cerros, pero no desde el poblado de El Molle”, explicó, añadiendo que la compañía mantiene, según dijo, “un excelente relacionamiento” con las comunidades aledañas.
Sobre la existencia de cementerios diaguitas, el representante del proyecto negó cualquier afectación, señalando que “no hay constancia alguna” de restos en el área intervenida y citando referencias del Ministerio de Obras Públicas que ubicarían los cementerios en “un lugar muy distinto”.
Un proyecto de alto impacto regional
El Proyecto Minero Arqueros contempla una inversión de US$200 millones y una vida útil de 21 años. La iniciativa incluye una mina subterránea, una planta concentradora, un depósito de relaves y obras de apoyo como líneas de transmisión eléctrica, impulsión de agua y caminos. El trazado abarca las comunas de Vicuña, La Serena y Coquimbo, con instalaciones clave —como la bocatoma, el depósito de relaves y gran parte de la línea de transmisión de 110 kV— emplazadas en Vicuña.
De acuerdo con los antecedentes del titular, el proyecto busca asegurar el suministro eléctrico y logístico necesario para la operación extractiva y para el transporte de concentrado hacia el Puerto de Coquimbo.
Lo que viene
El Primer Tribunal Ambiental deberá resolver si la inadmisibilidad decretada por el SEA se ajustó a derecho y si existen antecedentes suficientes para cuestionar la RCA del proyecto. La causa abre un debate más amplio sobre la consideración de valores culturales y espirituales en las evaluaciones ambientales, especialmente en territorios con presencia de comunidades indígenas y alto valor patrimonial.
Mientras la comunidad de El Molle insiste en que se han vulnerado elementos identitarios esenciales, el SEA y la minera defienden la rigurosidad del proceso y la ausencia de impactos significativos. El fallo podría sentar un precedente para futuras controversias sobre infraestructura asociada a proyectos mineros.
