Brasil y su ley de minerales críticos quedaron en el centro de la discusión global sobre seguridad de suministro de tierras raras y minerales estratégicos luego de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto que busca fortalecer el procesamiento local y limitar riesgos sobre activos considerados sensibles para la soberanía nacional. La iniciativa, respaldada por 343 votos a favor y 97 en contra, avanza en un momento geopolítico particularmente delicado: pocos días antes de la esperada reunión entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump en Washington.
La propuesta legislativa busca transformar a Brasil en un actor relevante dentro de las cadenas globales de suministro de minerales estratégicos, en un contexto donde Estados Unidos, Europa y otras economías buscan reducir su dependencia de China en el procesamiento de tierras raras. El proyecto contempla incentivos tributarios, acceso preferente a financiamiento y mecanismos de supervisión sobre inversiones extranjeras vinculadas a minerales críticos. La discusión adquiere especial relevancia debido a que Brasil posee las segundas mayores reservas mundiales de tierras raras, además de importantes recursos de níquel, grafito y otros minerales esenciales para baterías, electromovilidad, defensa y tecnologías digitales. La señal enviada por Brasil al mercado es clara: el país busca dejar atrás su rol histórico de exportador de materias primas para avanzar hacia una estrategia industrial de mayor valor agregado.
Lula impulsa industrialización minera para reducir dependencia externa
Uno de los principales objetivos del proyecto es fomentar el procesamiento y transformación interna de minerales estratégicos, promoviendo cadenas industriales dentro del territorio brasileño. El gobierno de Lula ha insistido en que Brasil debe aprovechar su potencial geológico para capturar mayor valor económico y tecnológico, evitando replicar modelos basados exclusivamente en exportación de commodities.
La iniciativa contempla incentivos tributarios por aproximadamente 5.000 millones de reales —cerca de US$1.000 millones— entre 2030 y 2034 para proyectos considerados prioritarios. Las empresas beneficiadas deberán tener sede y administración en Brasil, además de demostrar capacidad de procesamiento interno y generación de valor agregado local.
Los créditos tributarios podrían cubrir hasta un 20% de los gastos elegibles, con límites anuales cercanos a 1.000 millones de reales. El porcentaje definitivo dependerá del nivel de industrialización que cada proyecto logre desarrollar dentro del país.
El avance legislativo ocurre mientras distintos países intensifican políticas orientadas a asegurar acceso estable a minerales críticos. En América Latina, esta tendencia también está impulsando nuevas inversiones ligadas a infraestructura minera y energética, como el desarrollo de la mayor desaladora aprobada en Chile, considerada clave para futuros proyectos de cobre y minerales estratégicos.
Fondo minero y control sobre inversiones generan debate en la industria
Otro de los pilares de la legislación es la creación de un fondo de garantías para proyectos mineros estratégicos, mecanismo que será financiado mediante aportes privados y recursos federales. El gobierno brasileño podría destinar hasta 2.000 millones de reales al fondo, administrado por una institución financiera estatal con el objetivo de facilitar acceso a financiamiento y reducir riesgos para inversionistas.
Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la creación de un consejo especial con atribuciones para supervisar adquisiciones y operaciones extranjeras relacionadas con minerales críticos.
El organismo podría intervenir en inversiones consideradas sensibles para la soberanía nacional, un punto que generó preocupación en parte de la industria minera y entre inversionistas internacionales.
El debate tomó fuerza luego de que USA Rare Earth anunciara recientemente la adquisición de Serra Verde Group, compañía responsable de la única mina de tierras raras actualmente en producción en Brasil. Tras las críticas recibidas, los legisladores ajustaron parte de las facultades del consejo para permitir revisión de decisiones por parte de organismos regulatorios mineros.
Pese a esas modificaciones, especialistas legales continúan advirtiendo sobre posibles riesgos de incertidumbre regulatoria. El tema es observado atentamente por compañías internacionales interesadas en ampliar presencia en América Latina, región donde también crece el interés por proyectos polimetálicos como Ayawilca en Perú y otras iniciativas ligadas a minerales críticos.
Minerales estratégicos se consolidan como eje geopolítico global
La aprobación del proyecto brasileño confirma cómo los minerales críticos se han transformado en un asunto central de política internacional y seguridad económica. China domina actualmente gran parte del procesamiento mundial de tierras raras, situación que ha llevado a Estados Unidos y sus aliados a buscar nuevas fuentes de abastecimiento y procesamiento alternativo.
Brasil aparece como uno de los países mejor posicionados para integrarse a esa estrategia debido a la magnitud de sus reservas y su cercanía política y comercial con Occidente. Por esa razón, se espera que el tema tenga un rol relevante durante la reunión entre Lula y Trump en la Casa Blanca.
Washington ha intensificado en los últimos años sus esfuerzos para fortalecer cadenas de suministro fuera de China, especialmente en minerales vinculados a baterías, defensa, inteligencia artificial y tecnologías energéticas. En paralelo, Brasil también ha comenzado a ampliar acuerdos estratégicos con India y otros mercados interesados en asegurar acceso estable a materias primas críticas.
El movimiento brasileño refleja además una tendencia cada vez más visible en la minería global: los países productores buscan avanzar hacia modelos de industrialización local y mayor control sobre recursos estratégicos, una discusión que también comienza a ganar espacio en Chile en torno al cobre, litio y nuevas cadenas de valor vinculadas a la transición energética.
