El crédito tributario al empleo impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast logró superar uno de sus primeros obstáculos legislativos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pese a las fuertes críticas de economistas, organismos técnicos y parlamentarios de oposición. La medida, considerada una de las piezas centrales de la denominada “megarreforma” económica del Ejecutivo, fue aprobada con respaldo más allá del oficialismo, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se comprometiera a introducir ajustes para privilegiar la contratación de mujeres y jóvenes.
La votación se produjo tras una extensa sesión legislativa marcada por tensiones procedimentales y cuestionamientos sobre la conducción del debate por parte del presidente de la comisión, el diputado republicano Agustín Romero. Sin embargo, el Ejecutivo logró avanzar en dos de sus artículos considerados estratégicos: modificaciones al régimen tributario del DFL2 y el nuevo incentivo tributario al empleo formal. El respaldo de la diputada DC Priscilla Castillo y del senador independiente Carlos Bianchi permitió al gobierno obtener una señal política relevante en medio de un debate marcado por dudas sobre el impacto fiscal y la efectividad real de la iniciativa.
El beneficio tributario que divide a economistas y parlamentarios
El nuevo crédito tributario al empleo permitirá que empresas con trabajadores cuyos sueldos fluctúen entre 7,8 y 12 UTM puedan descontar parte de esas remuneraciones mediante créditos aplicados al IVA o a los Pagos Provisionales Mensuales (PPM). En términos prácticos, la medida podría reducir hasta en tres puntos porcentuales la tasa efectiva del impuesto de primera categoría para las compañías beneficiadas.
La propuesta fue defendida por Hacienda como una herramienta para estimular el empleo formal en un escenario de desaceleración económica y persistente debilidad laboral. No obstante, el instrumento ha recibido críticas transversales debido a su elevado costo fiscal estimado en US$1.400 millones anuales y por la falta de evidencia concluyente sobre su capacidad para generar nuevos puestos de trabajo.
Durante la discusión, diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista de Chile insistieron en que la medida podría terminar subsidiando empleos ya existentes sin traducirse en mayores salarios o nuevas contrataciones. La diputada Gael Yeomans cuestionó que el Ejecutivo insistiera en una fórmula que, según afirmó, “no ha sido bien evaluada por economistas”. En la misma línea, Iraci Hassler sostuvo que organismos como el Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional han recomendado mecanismos más focalizados.
Hacienda abre espacio para ajustes y consigue respaldo clave
El punto de inflexión de la sesión llegó cuando parlamentarios de oposición e independientes solicitaron que el beneficio priorizara específicamente la contratación de mujeres y jóvenes, dos de los segmentos con mayores dificultades de inserción laboral en los últimos años. La propuesta fue impulsada inicialmente por el diputado RN Diego Schalper y luego respaldada por Carlos Bianchi.
Ante esa presión política, el ministro Jorge Quiroz confirmó que el gobierno incorporará modificaciones en las siguientes etapas legislativas para focalizar parte del incentivo en esos grupos. Según explicó, Hacienda ya tendría evaluado el costo fiscal y el diseño técnico de esa adecuación.
El compromiso permitió consolidar una mayoría de 10 votos favorables en la comisión. A los ocho parlamentarios oficialistas se sumaron Priscilla Castillo y Carlos Bianchi, mientras que el diputado del Partido de la Gente, Juan Valenzuela, se abstuvo. Los únicos votos en contra provinieron de Boris Barrera y Jorge Brito.
DFL2 y arriendos: otro eje relevante de la reforma
La comisión también aprobó modificaciones al artículo 3 del DFL2 relacionadas con el régimen tributario para propietarios de viviendas acogidas a este beneficio. La indicación presentada por Hacienda mantiene el impuesto único de 5% para personas naturales con tres o más propiedades de hasta 90 metros cuadrados destinadas al arriendo.
En paralelo, el gobierno endureció las condiciones para empresas y personas jurídicas que quieran acogerse al mismo régimen. Según la nueva redacción, solo podrán acceder al beneficio aquellas entidades cuyo giro exclusivo sea el arriendo de este tipo de viviendas. Si desarrollan otras actividades económicas, perderán definitivamente el régimen preferencial.
La modificación además incorporó estacionamientos y bodegas asociados a las propiedades sin contabilizarlos dentro del límite de superficie permitido.
La reforma entra en su fase decisiva
La tramitación continuará este miércoles en la Comisión de Hacienda, donde el Ejecutivo espera despachar completamente el proyecto antes de que expire la urgencia legislativa impuesta por La Moneda. El avance del crédito al empleo representa una señal relevante para el gobierno, especialmente porque logró apoyos fuera de su coalición en una de las iniciativas más cuestionadas de su paquete económico.
Sin embargo, el debate de fondo sobre la sostenibilidad fiscal y la efectividad del subsidio laboral seguirá marcando la discusión parlamentaria en las próximas semanas, particularmente cuando el proyecto avance hacia la Sala de la Cámara y posteriormente al Senado.
