El Servicio de Impuestos Internos mantiene diferencias con Albemarle por más de US$ 200 millones vinculadas a royalty, precios de transferencia y deducción de gastos en Chile.
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Una disputa que tensiona al mayor productor de litio estadounidense en Chile
El grupo estadounidense Albemarle Corporation, uno de los dos operadores del salar de Atacama, enfrenta en Chile una serie de discrepancias tributarias con el Servicio de Impuestos Internos (SII) que ya alcanzan los US$ 202 millones, según se desprende de sus últimos estados financieros publicados ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El conflicto involucra diferencias en la aplicación del royalty minero, el tratamiento de gastos deducibles, los precios de transferencia con su matriz y el pago de servicios a empresas relacionadas, temas que han escalado a los tribunales tributarios y podrían extenderse a nuevos ejercicios comerciales.
Contexto de la operación en Chile
Albemarle es una de las compañías más antiguas en la explotación de litio en el país. Su presencia se remonta a la Sociedad Chilena del Litio, controlada por Foote Minerals, que inició operaciones en el salar de Atacama en 1989. Tras sucesivos cambios de propiedad —primero con Chemetal en 1998, luego Rockwood Holding en 2004 y finalmente la adquisición por Albemarle Corporation en 2015— la firma consolidó su presencia como actor clave del mercado.
Actualmente, la filial Albemarle Limitada opera bajo contrato con Corfo, entidad que supervisa los arrendamientos de las pertenencias fiscales del salar. La compañía se inscribió en el registro de la CMF en septiembre de 2024, haciendo públicos por primera vez sus balances, que revelan ventas por US$ 832 millones en 2024, una caída del 50,3% respecto de 2023, atribuida al retroceso del precio internacional del litio tras los años récord de 2022 y 2023.
A pesar de esa baja, Albemarle se mantiene en números positivos: al primer semestre de 2025 registró ganancias por US$ 30 millones, revirtiendo pérdidas del ejercicio anterior. Sin embargo, sus estados financieros reflejan un margen de utilidad reducido: menos del 5% sobre ventas acumuladas de US$ 4.646 millones en los últimos cinco años.
El núcleo del conflicto tributario
Según los documentos ingresados a la CMF, Albemarle provisionó US$ 202 millones en su balance semestral de 2025 por “posiciones tributarias inciertas”. Estas corresponden a controversias con el SII por la deducibilidad de ciertos gastos y la determinación de la renta imponible operacional minera, además de liquidaciones cuestionadas por distintos años tributarios —2020, 2021, 2022 y 2023— actualmente en litigio ante tres tribunales tributarios.
Las dos últimas liquidaciones son las más significativas:
- En agosto de 2023, el SII emitió observaciones por US$ 20 millones correspondientes al año tributario 2020.
- En agosto de 2024, determinó diferencias por US$ 42 millones relativas al ejercicio 2021.
Si las divergencias persisten, el organismo podría revisar los ejercicios 2022 y 2023, justamente los años del auge del litio, elevando el monto total del conflicto a cifras aún mayores.
Cuatro materias en disputa
En una declaración enviada a Pulso, el Servicio de Impuestos Internos detalló las principales áreas de discrepancia con la compañía:
- Incorporación de las comisiones a Corfo en la base del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM).
Albemarle sostiene que tales pagos no deben gravarse como parte del royalty. - Aplicación del royalty minero sobre el litio.
La empresa argumentó en el pasado que no tiene la condición de explotador minero, ya que el litio fue declarado “sustancia no concesible” en 1979. El SII, sin embargo, considera que la firma sí explota pertenencias inscritas antes de esa norma (1977). Si bien Albemarle inicialmente litigó este punto, se allanó a la posición fiscal en 2015, desistiendo de los reclamos previos. - Precios de transferencia en ventas a la matriz Albemarle US Inc.
En 2024, el 96% de las ventas de la filial chilena correspondió a operaciones con su casa matriz por US$ 796 millones. El SII sostiene que los precios declarados pueden no reflejar condiciones de mercado, afectando tanto la recaudación fiscal como los pagos a Corfo, que dependen del valor de venta a terceros. - Deducción de gastos por servicios de gestión a la matriz.
Albemarle Limitada pagó US$ 407 millones en 2024 a su matriz por concepto de servicios administrativos y de gestión comercial. El SII discute su carácter deducible, alegando que podrían corresponder a servicios no acreditados o sobrevalorados.
Reacciones y perspectivas
La empresa declinó pronunciarse públicamente sobre el conflicto. El SII, por su parte, confirmó la existencia de fiscalizaciones en curso por parte de la Dirección de Grandes Contribuyentes, orientadas a verificar el cumplimiento del impuesto de primera categoría, los gastos rechazados y el IEAM, así como las operaciones con partes relacionadas en el extranjero.
El escenario recuerda la reciente disputa de SQM con el mismo organismo, en la que la minera no metálica debió reconocer un ajuste tributario cercano a US$ 1.000 millones en 2024, tras perder sus reclamaciones judiciales. De confirmarse una línea similar en el caso de Albemarle, la exposición financiera podría escalar significativamente, impactando tanto sus resultados como la recaudación estatal.
Un conflicto que trasciende la empresa
Más allá de la dimensión judicial, la controversia entre Albemarle y el SII reabre el debate sobre la fiscalización del litio chileno y la transparencia en las relaciones entre las filiales locales y sus matrices internacionales. En un contexto de transición energética global, donde el litio es un recurso estratégico, las autoridades buscan garantizar que la tributación refleje de forma justa el valor generado en el país.
El desenlace de este caso podría marcar un precedente importante en cómo el Estado chileno regula la tributación de la industria del litio, especialmente considerando los contratos de operación vigentes y la nueva institucionalidad que se perfila bajo la Estrategia Nacional del Litio.
