El alza de combustibles obligó al Gobierno a desplegar un paquete de siete medidas para contener el impacto en el costo de vida y la actividad económica, en medio de un escenario internacional altamente volátil. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una combinación de subsidios, congelamientos tarifarios y ajustes tributarios tras confirmarse incrementos históricos que comenzarán a regir esta semana, con alzas de hasta $370 por litro en las gasolinas y cerca de $580 en el diésel. La magnitud del ajuste responde al shock energético derivado de la guerra en Medio Oriente, que ha tensionado el comercio global de petróleo y encarecido los combustibles a nivel internacional. En este contexto, el Ejecutivo optó por focalizar los recursos disponibles, considerando que el costo de amortiguar completamente el alza —a través del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO)— alcanza niveles que hoy resultan fiscalmente insostenibles.
Presión internacional y límites fiscales
El conflicto en Medio Oriente ha generado una disrupción significativa en el suministro global de petróleo, particularmente por la incertidumbre en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. Este escenario ha impulsado aumentos de hasta 60% en el precio del diésel y 30% en las gasolinas a nivel internacional en pocas semanas.
En Chile, el impacto ha sido directo. Según explicó el ministro Quiroz, el costo de sostener artificialmente los precios mediante el MEPCO alcanza los US$160 millones semanales, una cifra que presiona severamente las finanzas públicas. “Mantener ese nivel de subsidio es insostenible”, advirtió, subrayando la necesidad de rediseñar la estrategia estatal frente a la crisis.
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Medidas focalizadas en transporte y hogares
El plan anunciado busca mitigar los efectos más inmediatos del alza, especialmente en sectores sensibles como el transporte público, los hogares y los trabajadores del rubro.
Las principales medidas son:
- Congelamiento del transporte público: la tarifa en Santiago se mantendrá sin cambios durante todo 2026, pese al alza de combustibles.
- Compensación regional: el mecanismo de “ley espejo” replicará los subsidios en regiones.
- Subsidio a taxis y colectivos: apoyo de $100 mil mensuales por vehículo durante seis meses, beneficiando a más de 100 mil conductores.
- Rebaja y congelamiento de la parafina: el kerosene volverá a precios de febrero y se mantendrá estable durante otoño e invierno.
- Crédito para electromovilidad: financiamiento preferencial a través de BancoEstado para renovar vehículos hacia tecnologías eléctricas, con plazos de hasta seis años.
- Plan de seguridad para transportistas: inversión en infraestructura vial, zonas de descanso y seguridad en rutas en un horizonte de cuatro años.
- Impuesto transitorio al diésel: sectores actualmente exentos deberán pagar temporalmente este tributo durante seis meses.
Transporte y energía: sectores bajo mayor presión
El foco del paquete refleja el peso del transporte en la economía y su exposición directa al precio del combustible. La decisión de congelar tarifas y entregar subsidios busca evitar un traspaso inmediato a precios finales, que podría impactar la inflación y el consumo.
Al mismo tiempo, la inclusión de incentivos a la electromovilidad apunta a una respuesta estructural frente a la volatilidad del mercado energético, promoviendo una menor dependencia de los combustibles fósiles en el mediano plazo.
Un equilibrio complejo
El Gobierno enfrenta un delicado equilibrio entre contener el impacto social del alza y resguardar la sostenibilidad fiscal. La estrategia adoptada prioriza medidas focalizadas y temporales, evitando una expansión generalizada del gasto.
Sin embargo, el éxito del plan dependerá en gran medida de la evolución del conflicto internacional y del comportamiento de los precios del petróleo en las próximas semanas. En un escenario aún incierto, el costo de la energía se consolida como uno de los principales factores de riesgo para la economía chilena en 2026.
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