Una licitación privada para el gasoducto de Vaca Muerta terminó convertida en un símbolo del nuevo rumbo económico argentino, enfrentando al histórico poder industrial de Techint con la lógica aperturista del gobierno de Javier Milei.
Lo que debía ser un proceso estrictamente empresarial derivó en un conflicto político de alto voltaje. La adjudicación del contrato de tuberías del gasoducto de exportación de Vaca Muerta por parte del consorcio Southern Energy (SESA) expuso una fractura de fondo entre el viejo esquema de protección industrial y la apuesta del actual gobierno por una competencia abierta, aun a costa de los grandes actores locales.
En el centro de la controversia quedó Techint, conglomerado históricamente dominante en la provisión de infraestructura energética en Argentina, liderado por su CEO Paolo Rocca. La empresa fue superada en la licitación por la india Welspun Corp, cuya oferta —cercana a los US$203 millones— resultó aproximadamente un 40% inferior a la propuesta inicial de Techint.
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De negocio privado a bandera política
El punto de quiebre se produjo cuando Techint invocó un supuesto derecho de “primera negativa” y ofreció igualar el precio ganador, argumentando que, pese a mayores costos locales —tributarios, laborales y judiciales—, estaba dispuesta a asumir el margen negativo para preservar su posición estratégica. En un contexto tradicional, esa jugada habría bastado. Pero el escenario político ya no era el mismo.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, rechazó de plano la maniobra. Para el funcionario, aceptar la contraoferta implicaba enviar al mundo la señal de que invertir en Argentina carece de sentido si, al final del proceso, el “círculo rojo” empresarial termina imponiendo sus condiciones. “Más costo en insumos clave es menos inversión, menos empleo y menos exportaciones”, fue el razonamiento que primó en el Ejecutivo.
Milei y el mensaje al exterior
Con el respaldo explícito del presidente Javier Milei, el Gobierno convirtió la derrota de Rocca en un gesto deliberado hacia los mercados internacionales: en la Argentina libertaria, incluso empresas asiáticas pueden competir en igualdad de condiciones, sin privilegios históricos ni protecciones implícitas. La posición contrastó con la de sectores del propio consorcio SESA, donde YPF —a través de su CEO Horacio Marín— habría mostrado mayor cercanía con la postura de Techint.
El trasfondo excede la licitación puntual. Para el oficialismo, el caso sirve para marcar distancia con décadas de una política industrial basada en barreras, subsidios y acuerdos implícitos. Para el empresariado tradicional, en cambio, la decisión abre el riesgo de una apertura abrupta que derive en desindustrialización, evocando antecedentes traumáticos del pasado argentino.
Acero brasileño, tubos indios y una paradoja
La polémica también dejó al descubierto una contradicción estructural: gran parte de los tubos de Techint se fabrican con acero brasileño adquirido vía Uruguay, lo que relativiza el argumento de la autosuficiencia nacional frente a la competencia externa. En ese marco, la disputa ya no es solo por precios, sino por el modelo de desarrollo.
Con Milei escalando el tono —llegando a calificar a Rocca como “Don Chatarrín”—, el episodio parece marcar apenas el inicio de un conflicto mayor entre el poder político libertario y los grandes conglomerados industriales. Una señal clara de que, en la Argentina actual, incluso una licitación privada puede transformarse en un manifiesto ideológico.
