La reciente aprobación en comisión de un dictamen que modifica la Ley General de Minería ha encendido las alertas en el sector minero peruano, ante el riesgo de afectar la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos. La iniciativa propone ajustes significativos al régimen de concesiones, incluyendo mayores exigencias económicas y una reducción sustancial en los plazos para iniciar producción, lo que ha sido cuestionado por el principal gremio de la industria.
Reducción de plazos y aumento de penalidades
Uno de los cambios más relevantes es la reducción del plazo máximo para iniciar producción, que pasaría de 30 a 15 años. Este ajuste implica una aceleración considerable en los tiempos de maduración de los proyectos mineros, los cuales suelen requerir largos periodos de exploración, evaluación ambiental, permisos y financiamiento.
Adicionalmente, el dictamen contempla un aumento significativo en las penalidades por no producir:
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- Penalidad de hasta 10% desde el año 10 sin producción o inversión acreditada
- Incremento cercano al 400% en comparación con el esquema actual
- Prórroga excepcional de cinco años, sujeta a condiciones específicas
Estos cambios buscan incentivar el uso efectivo de las concesiones, pero generan preocupación por su impacto en la viabilidad de proyectos de largo plazo.
Aumento del derecho de vigencia
El proyecto también propone elevar el derecho de vigencia que deben pagar las empresas para mantener sus concesiones:
- De US$3 por hectárea anual
- Hasta US$12 por hectárea para grandes extensiones
Este incremento de hasta 300% elevaría significativamente los costos de mantener activos los proyectos en etapa de exploración o desarrollo temprano.
Gremio advierte impacto en inversión
Desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), su directora ejecutiva Ángela Grossheim advirtió que estas modificaciones podrían afectar gravemente el régimen de concesiones.
Según la ejecutiva, la combinación de menores plazos y mayores cargas económicas podría:
- Retrasar o paralizar proyectos en desarrollo
- Desincentivar la inversión extranjera
- Aumentar la incertidumbre regulatoria
- Favorecer indirectamente la minería informal e ilegal
Asimismo, señaló que el diagnóstico de “concesiones ociosas” no considera las múltiples etapas y complejidades que enfrenta un proyecto minero antes de iniciar producción.
Comparación internacional
Uno de los puntos críticos es la competitividad del Perú frente a otras jurisdicciones mineras. Según la SNMPE, países como:
no aplican penalidades de este tipo por no producir, lo que podría dejar a Perú en desventaja relativa en la atracción de capitales.
Inclusión de beneficios para comunidades
El dictamen también incorpora mecanismos orientados a fortalecer la relación entre empresas y comunidades. Entre ellos:
- Acuerdos de participación en beneficios
- Posibilidad de acceso a instrumentos financieros (acciones, fideicomisos)
- Aportes a fondos de desarrollo comunal
Estos recursos podrían destinarse a áreas como educación, salud, infraestructura y protección ambiental, buscando una mayor distribución de los beneficios de la actividad minera.
Un equilibrio complejo entre desarrollo e inversión
La propuesta refleja un intento por equilibrar el uso eficiente de concesiones con mayores beneficios sociales. Sin embargo, el desafío radica en no comprometer la competitividad del país en un contexto global donde la inversión minera es altamente sensible a la estabilidad regulatoria.
En momentos en que Perú busca consolidarse como un actor clave en la producción de minerales críticos, el diseño de su marco legal será determinante para atraer capitales y viabilizar proyectos de largo plazo.
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