La entidad encargada de recaudar los fondos fiscales presentó ante el 9º Juzgado Civil de Santiago una acción en la qué exigió el pago de los intereses de la multa que cursó en 2014 la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, SVS, calculados en $3.245 millones. Jorge Bofill, abogado del ex presidente de SQM, acusó a Tesorería de «pretender aplicar multas sobre una multa».
El ex presidente de SQM, Julio Ponce Lerou, sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero, CMF) en el denominado caso Cascadas, rechazó la demanda que interpuso en su contra la Tesorería General de la República. La entidad encargada de recaudar los fondos fiscales presentó ante el 9º Juzgado Civil de Santiago una acción en la qué exigió el pago de los intereses de la multa calculados en $3.245 millones.
En su presentación, a la que tuvo acceso Pulso, la defensa del empresario, liderada por el abogado Jorge Bofill, acusó a la institución de “pretender aplicar multas sobre una multa”. “Esta demanda no es sino un intento de Tesorería de, mediante un procedimiento ilegal, eludir que mi parte ejerza su derecho de controvertir los intereses, ‘multas y reajustes’ que ella, por sí y ante sí, ha pretendido imponer. Esa discusión, por lo demás, se encuentra pendiente en los autos antes individualizados, de los cuales derivó la imposición de la multa de U.F. 75.000, ya pagada”, consignó la contestación.
Asimismo, su defensa advirtió que la TGR cometió tres vicios de nulidad en su demanda. El primero está vinculado a la “indefinición de las cantidades de la ejecución del propio mandamiento y de la demanda”. El segundo apunta a que “la acción hace referencia a un documento externo no presentado como título ejecutivo y que tampoco tiene tal carácter”. Y un tercer vicio dice relación, según Bofill, con que “no se pretende el cobro de una deuda líquida ni liquidable mediante simples operaciones aritméticas, sino el pronunciamiento sobre la existencia de una nueva deuda a partir del juzgamiento sobre el fondo”.
En paralelo, Julio Ponce también solicitó al tribunal levantar la orden de embargo que penda en su contra desde el 10 de agosto de 2022 a raíz de la acción judicial y los problemas suscitados en la notificación.
“Solicito se sirva corregir de oficio el procedimiento y dejar sin efecto la resolución que ordena despachar mandamiento de ejecución y embargo”, consignó su contestación.
El 2 de septiembre de 2014, la SVS acusó a Julio Ponce de ser el “ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él y a personas y sociedades relacionadas”, obteniendo mediante transacciones de acciones de las cascadas que controlan el 32% de SQM una utilidad fraudulenta de US$ 128 millones. La SVS, dirigida entonces por Carlos Pavez, cursó una multa de 1.700.000 Unidades de Fomento, cifra que hoy equivale a US$ 62 millones. Era, entonces, la mayor multa de la historia a una persona por infracciones al mercado de valores. Ponce reclamó la multa en tribunales: el 18 Juzgado Civil de Santiago ratificó la sanción el 15 de abril de 2016 y lo mismo hizo la Corte de Apelaciones en febrero de 2019. Sin embargo, el tribunal de segunda instancia redujo la sanción a tan solo 75 mil UF, menos de US$3 millones.
Asimismo, la defensa de Ponce pidió “la suspensión del procedimiento desde la fecha de presentación de este escrito y durante toda la tramitación del incidente de nulidad, en atención a su carácter de previo y especial pronunciamiento”, según el artículo 87 del Código de Procedimiento Civil.
“De lo contrario, el tribunal estaría permitiendo que esta parte sea sometida a un procedimiento ejecutivo a través de una demanda que no cumple los requisitos procesales para que sea admisible; y que nuestro representado sea requerido de pago y potencialmente embargado en sus bienes, fuera de los casos establecidos por ley (y además con un mandamiento de ejecución y embargo ininteligible en cuanto a la cantidad de dinero en él expresada)”, concluyó la contestación efectuada por su defensa.
En el litigio, Julio Ponce es representado por Jorge Bofill, quien solicitó al tribunal hacer partícipes del caso a otros dos socios del estudio que encabeza: Sebastián Yanine y César Ramos.
Para sus abogados, “la discusión excede con creces a un juicio ejecutivo y a un mero ejercicio de liquidación mediante simples operaciones aritméticas, pues involucra, entre otras cuestiones, el análisis jurídico de la modificación de ley luego de dictada la Resolución Exenta N° 223 y antes de que la multa quedara determinada en su monto y quedara firme (época en que ya había desaparecido la ex Superintendencia de Valores y Seguros y dictado la ley 21.000 que crea la Comisión para el Mercado Financiero)”.
Luego de la presentación del abogado de Julio Ponce, Jorge Bofill, la Tesorería solicitó al tribunal que tener por notificada la demanda.
El pasado 8 de noviembre, el tribunal dejó sin efecto la resolución en la que ordenaba al defensor público de de Santiago Cipriano Rodríguez asumir la representación de Julio Ponce debido a que el expresidente de SQM no se encontraba en Chile.
En efecto, debido a las dificultades que presentó la notificación de la acción judicial, el tribunal había ordenado oficiar a la Policía de Investigaciones y al Servel a fin de que informen el domicilio del demandado.
El pasado 13 de octubre, el Departamento de Extranjería y Migraciones de la PDI informó que Ponce se encontraba en Uruguay desde el 7 de octubre de 2022 y posteriormente detalló que regresó a Chile el 1 de noviembre.
Fuente: La Tercera