El polémico proyecto minero-portuario Dominga ha vuelto a encender el debate nacional tras un fallo de la Corte Suprema que ha sido interpretado de forma diametralmente opuesta por el sector empresarial y el Gobierno. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) celebra la decisión como un triunfo de la inversión y la seguridad jurídica, mientras que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) insiste en que la batalla judicial está lejos de terminar. Este enfrentamiento subraya la profunda división sobre el futuro de la inversión y la protección ambiental en Chile.
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La postura empresarial: Un espaldarazo a la inversión privada
Para la CPC, el fallo que declaró inadmisibles los recursos de casación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y otros opositores es una victoria contundente. Susana Jiménez, presidenta del gremio, no dudó en calificar la resolución como una «clara confirmación» de que el proyecto de la empresa Andes Iron cumple con la normativa vigente. La líder gremial destacó que esta decisión es una «potente señal» para el país, en un momento en que se necesita un fuerte impulso al crecimiento económico y la inversión.
El proyecto, que contempla una inversión de US$ 2.500 millones y promete la creación de 30.000 puestos de trabajo en la comuna de La Higuera, ha sido visto por el sector privado como un símbolo de los obstáculos que enfrentan las grandes iniciativas en Chile. Jiménez aprovechó la ocasión para criticar lo que describió como un «largo y engorroso proceso» de evaluación ambiental, abogando por un sistema más transparente, técnico y menos susceptible a las «consideraciones políticas». Este argumento resuena con un sector que pide reglas claras y estabilidad para sus inversiones.
El Gobierno no se rinde: La batalla por el Archipiélago de Humboldt continúa
La reacción del Ministerio del Medio Ambiente fue inmediata y tajante. En un comunicado, el MMA enfrió las celebraciones de la CPC, asegurando que el fallo de la Corte Suprema «no implica una resolución de fondo al proyecto». El ministerio enfatizó que la luz verde definitiva aún no llega, ya que existen recursos judiciales pendientes tanto en la Corte de Apelaciones de Antofagasta como en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago.
Esta declaración reafirma la postura del Gobierno de proteger el Archipiélago de Humboldt, al que califica como un «ecosistema único en el mundo, patrimonio de todos los chilenos y las chilenas». La defensa de este frágil ecosistema, hogar de especies endémicas y un importante corredor biológico, se ha convertido en una bandera para las organizaciones ambientalistas y el propio Ejecutivo. El MMA deja claro que su compromiso es inquebrantable, lo que anticipa nuevos y duros enfrentamientos en los tribunales.
Un futuro incierto y el dilema de Chile
El caso de Dominga se ha transformado en algo más que la evaluación de un proyecto; se ha vuelto un reflejo de las tensiones que vive el país entre la necesidad de crecimiento económico y la urgencia de la protección ambiental. La dicotomía entre la creación de empleos y la preservación de ecosistemas únicos genera un debate polarizado. El fallo de la Corte Suprema, si bien marca un hito, no cierra el capítulo de Dominga. En cambio, lo reabre con más fuerza, llevando la disputa a otras instancias judiciales y manteniendo en vilo a los inversores, a los ambientalistas y, sobre todo, a las comunidades locales que esperan una definición.
