El Consejo de Monumentos Nacionales dio un nuevo impulso a una cartera de proyectos estratégicos para el país tras aprobar permisos arqueológicos y conformidades técnicas que podrían destrabar inversiones superiores a US$6.700 millones.
Durante una sesión extraordinaria realizada el 6 de mayo, el organismo revisó ocho iniciativas vinculadas a minería, transporte y energía, avanzando en autorizaciones clave para sus procesos ambientales y ejecución de obras. La medida se enmarca en la estrategia del gobierno para acelerar la tramitación patrimonial y reducir incertidumbres regulatorias que afectan grandes inversiones.
Entre los proyectos analizados aparecen iniciativas emblemáticas como la ampliación de Collahuasi, la Línea 9 del Metro de Santiago, el Tren Santiago–Batuco y obras de transmisión eléctrica y energía solar en distintas regiones del país.
Collahuasi concentra la mayor inversión revisada
La iniciativa de mayor tamaño corresponde a la ampliación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, valorizada en US$3.200 millones.
El proyecto contempla un nuevo sistema de procesamiento de mineral y requiere avanzar en diversas etapas de evaluación ambiental. En ese contexto, el CMN autorizó un permiso de intervención arqueológica para la caracterización de 39 sitios identificados dentro de la línea base de su Estudio de Impacto Ambiental.
La autorización permitirá continuar con estudios técnicos necesarios para la tramitación del proyecto, considerado uno de los más relevantes del sector minero chileno en los próximos años.
En el ámbito minero también avanzó el proyecto Distrito Pleito Fase 3, ubicado en la Región de Atacama y valorizado en US$32 millones. En este caso, el organismo entregó conformidad al rescate de 61 hallazgos arqueológicos asociados a la continuidad operacional de la faena.
Metro y tren Santiago–Batuco reciben conformidades técnicas
El sector transporte también registró avances relevantes en la sesión extraordinaria del CMN.
Entre las iniciativas revisadas destaca la Metro de Santiago, específicamente el Tramo 3 de la futura Línea 9, proyecto valorizado en US$786 millones.
El Consejo se pronunció favorablemente respecto de rescates arqueológicos ejecutados en sectores específicos, habilitando el inicio de obras en dichas zonas.
En paralelo, el proyecto Tren Santiago–Batuco, estimado en US$623 millones, también obtuvo conformidades técnicas relacionadas con trabajos arqueológicos previamente realizados.
Ambas iniciativas forman parte de los principales proyectos de infraestructura urbana impulsados actualmente en la Región Metropolitana.
Energía solar y transmisión eléctrica también avanzan
En materia energética, el CMN aprobó permisos vinculados a proyectos de generación y transmisión eléctrica.
Uno de ellos corresponde al Parque Fotovoltaico Llanos del Sol, iniciativa de US$635 millones ubicada en la Región de Tarapacá. El organismo autorizó el rescate arqueológico de diez hallazgos superficiales detectados en el área de intervención.
Asimismo, se aprobó el rescate arqueológico total asociado al sistema de transmisión entre las subestaciones Tineo y Nueva Ancud, proyecto de US$250 millones emplazado en la Región de Los Lagos.
La autorización permitirá reanudar obras que habían debido ajustarse tras hallazgos detectados durante monitoreos permanentes.
Gobierno busca reducir incertidumbre regulatoria
El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, sostuvo que la agilización de estos procesos busca apoyar la reactivación económica y entregar mayor certeza jurídica a los inversionistas.
Desde la Subsecretaría del Patrimonio Cultural de Chile señalaron que el nuevo enfoque apunta a incorporar la gestión patrimonial desde etapas tempranas del diseño de proyectos, permitiendo reducir retrasos durante la evaluación ambiental.
El subsecretario Emilio de la Cerda indicó que el patrimonio arqueológico debe entenderse como un componente técnico que permita avanzar con mayor certeza jurídica y menor incertidumbre regulatoria.
Según el CMN, este modelo facilitaría que futuras iniciativas ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con mayor claridad respecto a exigencias patrimoniales, reduciendo riesgos durante la obtención de Resoluciones de Calificación Ambiental.
