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Medio Ambiente

Comunidades de Atacama presentan reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental contra el megapuerto Copiaport-E

La acción judicial cuestiona la aprobación del megaproyecto portuario por parte del Comité de Ministros, alegando vulneraciones al derecho de participación ciudadana.

Comunidades de Atacama presentan reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental contra el megapuerto Copiaport-E

Las comunidades de Atacama han presentado una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental en un esfuerzo por frenar la construcción del megapuerto Copiaport-E, un proyecto que ha generado controversia por su potencial impacto en el ecosistema de Bahía Chasco. La reclamación se formalizó el 17 de julio y cuestiona la resolución del Comité de Ministros que desestimó observaciones ciudadanas relevantes durante el proceso de evaluación ambiental.

Impacto del megapuerto en Bahía Chasco

El megapuerto Copiaport-E, que se proyecta instalar en el sector de Punta Cachos entre las comunas de Copiapó y Caldera, cuenta con una inversión estimada de US$450 millones. Este puerto industrial está diseñado para servir como plataforma de exportación de minerales y otros productos. Sin embargo, las comunidades locales, incluidos pescadores artesanales y organizaciones sociales, argumentan que el proyecto representa una amenaza significativa para un ecosistema costero que alberga una rica biodiversidad, incluyendo la pradera de pastos marinos más extensa de Chile y el último sitio de agregación natural de la tortuga verde (Chelonia mydas).

La reclamación destaca que la evaluación ambiental del proyecto no consideró adecuadamente los impactos sobre la flora y fauna marina, el patrimonio arqueológico, y la pesca artesanal, además de la ausencia de una consulta indígena integral. La abogada Valentina Gatica, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), enfatizó que la falta de respuesta a las observaciones ciudadanas pone de manifiesto una deficiente ponderación de las preocupaciones comunitarias respecto al megaproyecto.

Vulneración del derecho a la participación ciudadana

Las organizaciones que han interpuesto la reclamación sostienen que el Comité de Ministros vulneró el derecho a la participación ciudadana al rechazar las observaciones sin un análisis adecuado. La acción judicial cuestiona el rechazo conjunto de observaciones y la falta de pronunciamiento sobre diversas reclamaciones específicas. Esto ha llevado a las comunidades a buscar justicia en un tribunal, donde se espera que se revisen los argumentos de fondo que han sido desestimados por las autoridades.

Giuliano López, del Colectivo en Defensa del Medio Ambiente de Atacama (CODEMAA), ha señalado que la historia de conflictos en la zona, que incluye propuestas como la termoeléctrica Castilla y el terminal de gas natural licuado Andes LNG, revela una tendencia preocupante de sacrificar el ecosistema costero en favor de proyectos industriales. A pesar de que el Estado ha reconocido la importancia ecológica de la zona, las decisiones sobre grandes inversiones parecen ignorar este conocimiento.

Un precedente en la lucha por la conservación

La revisión del caso por parte del Primer Tribunal Ambiental no solo se centra en la construcción del puerto, sino que también podría establecer un precedente sobre los estándares aplicables a megaproyectos en Chile y el alcance de la participación ciudadana en estos procesos. La reclamación se produce en un contexto político donde la administración actual ha ratificado decisiones previas sobre el proyecto, lo que ha generado críticas sobre la falta de transparencia y la estructura de propiedad del mismo.

Lucio Cuenca, director de OLCA, ha destacado que la defensa de Bahía Chasco es crucial no solo para la comunidad local, sino también para el futuro de la biodiversidad y la adaptación a la crisis climática. "Las comunidades están defendiendo ecosistemas estratégicos, mientras que el Estado facilita un modelo extractivista que prioriza los intereses económicos sobre la salud ambiental y social de los territorios".

El tribunal deberá considerar los impactos ambientales y sociales del proyecto, así como la forma en que se han manejado las reclamaciones ciudadanas. La decisión del tribunal será un indicador del tipo de institucionalidad ambiental que Chile busca construir, en un momento en que las comunidades exigen ser escuchadas y tener voz en las decisiones que afectan sus territorios.

La próxima audiencia del Primer Tribunal Ambiental, donde se discutirán los argumentos presentados por las comunidades, será un momento clave para determinar el futuro del megapuerto Copiaport-E y su impacto en el ecosistema de Bahía Chasco.

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