El Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió ampliar la querella contra el ex presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, a quien inicialmente acusó de cohecho en la causa relacionada a los contratos con la empresa INDAK, de José Miguel Julián González, otro acusado en este caso, y quien también fue socio su hijo. La entidad que cautela los intereses del Estado acusa ahora al ex ejecutivo de 81 años de “fraude al Fisco”, todo ello en relación a los contratos sin licitación por movimiento de tierras y otras obras en la división El Salvador de Codelco.
La acción se produce un día después que la defensa de Julián González pidiera el sobreseimiento del proceso judicial. Por ello, el abogado de Pizarro, Samuel Donoso, sostiene que “no hay nada nuevo. El CDE copió y pegó su querella original y agregó algunas referencias a declaraciones de testigos para intentar mañosamente que no se decretara un sobreseimiento».
La información está siendo analizada por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, donde se lleva un proceso contra Nelson Pizarro, luego de una demanda que fue presentada por Codelco en diciembre de 2019 por tráfico de influencia y el proceso del CDE en 2020.
Origen del caso
José Miguel Julián realizaba trabajos de movimiento de tierras en la III Región y le habría vendido a Felipe Pizarro, hijo del ex presidente de Codelco, un inmueble en $75 millones, pese a que su avalúo fiscal superaba los $500 millones. Esto habría ocurrido en 2015, cuando de forma paralela Julián postulaba a un contrato para remover mineral en El Salvador de Codelco, el que finalmente se adjudicó.
El CDE señala que “la dádiva o pago ilícito consistió en el beneficio económico obtenido por el hijo y la nuera del alto directivo de Codelco, que pagan $75.000.000 por una propiedad cuyo avalúo fiscal es de casi 8 veces dicho monto”.
Respecto del particular José Julián González, “los hechos descritos configuran el tipo penal de soborno tipificado el artículo 250 inciso 3 del Código Penal, por el beneficio económico entregado a Nelson Pizarro Contreras consistente en la venta de una propiedad”, detalla el escrito presentado por la abogada Ruth Israel López.
Según la abogada del Estado, “se verifican contrataciones por medio de licitaciones privadas y adjudicaciones directas a las empresas INDAK y Sociedad San José (ambas de propiedad de José Julián) sin justificación alguna, en circunstancias que licitaciones públicas correctamente realizadas hubiesen asegurado un marco de competencia para proveer de mejores precios a la estatal cuprífera”.
“En segundo término, ambos contratos -y sus respectivas modificaciones- fueron ejecutados en forma inexplicablemente beneficiosa para la empresa INDAK -y gravosa para el patrimonio de Codelco”.
Finalmente, arguyó el escrito, “dicha ejecución ventajosa redundó en un perjuicio al patrimonio de Codelco de, al menos preliminarmente, $5.340.804.544, por concepto de pago de compensaciones ante supuestos incumplimientos contractuales por parte de la empresa estatal fundamentados en las múltiples modificaciones contractuales -las cuales carecen de explicación razonable”.
Diligencias: piden levantar secreto bancario
Entre las diligencias solicitada por la abogada del CDE están que la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef) de la Policía de Investigaciones realice un peritaje contable respecto de los perjuicios sufridos por Codelco en relación a los pagos dispensados por la empresa estatal a INDAK.
También se pidió el alzamiento del secreto bancario de los querellados, entre el 1º de junio de 2014 al 31 de agosto de 2019; que la brigada de Investigación de Lavado de Activos (BRILAC) de la PDI desarrolle un estudio societario de las sociedades que estarían vinculadas a Julián: Ingeniería y Maquinarias INDAK Limitada, Consorcio Constructora Mundos Limitada, Inmobiliaria e Inversiones San José Limitada, que determine quienes son sus socios y personas naturales beneficiarios finales.
También pidió que la policía realice diligencias investigativas en relación con los hechos denominados “error en el plan minero”, particularmente en lo relativo a la identificación de partícipes en la toma de decisiones a partir del organigrama de la empresa.
La abogada del CDE solicitó al Ministerio Público que se oficie a la División Jurídica de Codelco para que su remita organigrama e informe en cuáles de todas las contrataciones, pagos dispensados, ampliaciones de contratos, entre otros, en relación a los contratos suscritos con la empresa INDAK materia de esta querella, debió curarse autorización por parte del Presidente Ejecutivo de la empresa.
También pidió que la Fiscalía oficie al Conservador de Bienes Raíces de Santiago y San Miguel para que informe si Nelson Pizarro Contador y José Miguel Julián González registran inscripciones de bienes inmuebles a su nombre, su fecha de compra, entre otros antecedentes,
Además solicitó que el CMF entregue datos sobre los productos financieros o bancarios, depósitos, fondos mutuos u otros productos, así como las entidades involucradas en ello. También si los querellados son accionistas de sociedades anónimas y cuáles son éstas.
Fuente: Diario Financiero