Los reparos apuntan a que la Dirección de Presupuesto considerara solo los recursos por rentas de la propiedad y no la totalidad. «El CFA recomienda a la Dipres seguir explorando opciones para contar con información sobre la totalidad de los ingresos fiscales por litio», sostiene la entidad fiscal.
En el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre que hace unas semanas publicó la Dirección de Presupuestos (Dipres) el gobierno entregó la fórmula para calcular los ingresos estructurales del litio.
Esa fórmula consiste en ocupar los ingresos promedio de los últimos 4 a 5 años. Para 2023 se ocupará un umbral basado en los 4 años anteriores a 2023, mientras que para el período 2024-2025, el umbral basado en los cinco años anteriores a 2023. De esta manera, dijo la Dipres, se “activa un ajuste prudencial cuando los ingresos efectivos por este componente sean mayores al promedio propuesto. En caso contrario no hay ajuste prudencial”.
En la presentación se aclaró también que en el cálculo estructural de los ingresos provenientes del litio se consideran las rentas de propiedad y no se incluye lo que lo que las firmas paguen por impuestos a la renta, principalmente por el secreto tributario que opera en casos en que hay pocas empresas en el mercado. En el caso de las rentas de arrendamiento a Corfo, estas se generan de los contratos que sostiene esta entidad estatal con dos empresas privadas: la Sociedad Química y Minera (SQM) y Albemarle. Según se detalla en el informe, la metodología propuesta considera ajustar los ingresos contractuales de arrendamiento de pertenencias mineras de litio de Corfo con las empresas explotadoras registrados dentro del subtítulo Rentas de la Propiedad.
Esta fórmula no cayó bien en el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en su informe trimestral sobre Balance Estructural señala que “una de las recomendaciones no acogidas que el Consejo prioriza, se refiere a que el cambio metodológico para hacer un ajuste prudencial a los ingresos por litio se aplique a su totalidad y no a una parte solamente”.
En esa línea, el CFA señala en su documento que “según lo informado por la Dipres, las restricciones de acceso a información tributaria de las empresas que operan los contratos de arrendamiento para la explotación del litio, implican poder considerar solamente un ajuste prudencial para las rentas de arrendamiento pagadas a Corfo”.
De acuerdo a estimaciones del CFA en base a cifras Corfo, esos ingresos representaron un 66,5% de los ingresos fiscales por litio en 2022. Por ello, el CFA plantea que “si bien el mecanismo propuesto mitigaría, no eliminaría el riesgo de comprometer recursos potencialmente transitorios para gastos permanentes”.
En cuanto al balance fiscal, el Consejo valora la convergencia fiscal iniciada en 2022, pero resalta que ella debe continuar y que deben monitorearse los riesgos que la puedan dificultar. En ese sentido, advierte que “el esfuerzo fiscal previsto a mediano plazo se concentraría hacia el final de la presente administración, con una trayectoria de convergencia fiscal que implica un aumento del gasto en 2024, seguido de expansiones bajas o incluso recortes en el período 2025‐2027.
Al respecto, el Consejo insiste en que el Gobierno considere una senda que permita que el mayor esfuerzo fiscal no se postergue hacia fines de la presente administración”, señala el informe.
Ahora bien, mencionan que “para reafirmar el compromiso con la consolidación fiscal, el CFA insiste en su sugerencia de que el Ministerio de Hacienda incorpore metas de Balance Estructural puntuales para cada año de la actual administración en un nuevo Decreto de Política Fiscal”. Esto porque a la fecha, dicho decreto sólo establece un punto de partida en 2022 y uno de llegada en 2026 para el déficit estructural.
El CFA menciona que, ante el deterioro previsto para el Balance Estructural en 2023, contar con metas explícitas para cada año resulta relevante en tanto permite: asegurar la gradualidad en el proceso de normalización de las finanzas públicas; otorgar mayor previsibilidad a la política fiscal, en un contexto de alta incertidumbre económica y política; contribuir a la credibilidad de la regla; y facilitar su monitoreo.
Fuente: La Tercera
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