Nuevo reporte anual afirma que la visión del gremio sobre el ambiente regulatorio “tendió a desmejorar” y expresa preocupación por iniciativas como las del royalty y de reducción de jornada laboral.
A poco más de un mes de que el Covid-19 encendiera las alarmas, la industria minera ya tiene el primer balance del impacto del virus mientras las autoridades apuntan a retomar gradualmente las actividades bajo una“nueva normalidad”. En este escenario, el Consejo Minero sigue con atención la reactivación de algunas iniciativas que quedaron en pausa por la crisis, pero que podrían significar nuevas vallas para el panorama económico.
Si bien la versión anterior del reporte anual del gremio destacaba que había mejores señales regulatorias del gobierno -puntualizando que subsistían trabas a los proyectos y mociones parlamentarias contraproducentes-, en su último documento asegura que esta visión no varió sustancialmente en 2019 pero si advierte que “tendió a desmejorar”.
Pese a los diagnósticos sobre las carencias en calidad regulatoria -por ejemplo el aportado por la Comisión Nacional de Productividad-, el gremio cuestiona que“no se ha logrado dar el paso desde gestión por proyecto a la introducción de mejoras regulatorias con efectos permanentes”.
Dos ejemplos son la tramitación de los proyectos de ley para promover la inversión y para modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sobre el primero, el gremio explica que “no solo su tramitación se dilató en exceso y a la fecha no logra ser aprobado, sino además varios de sus contenidos iniciales se fueron desdibujando”. Mientras, la modernización del SEIA, no ha logrado sortear la primera valla legislativa en la Cámara de Diputados y “por el tenor de las indicaciones presentadas no se percibe un buen destino”.
En esa línea, se identifican iniciativas que tendrían impacto directo en el sector, como la reforma al Código de Aguas, que a fines de enero concluyó la discusión en la comisión de Agricultura del Senado, restando etapas legislativas en ambas Cámaras; el proyecto de protección de glaciares en el Senado; y el que establece normas para la conservación de humedales, con el “agravante” de que ya fue aprobado en la Cámara Baja. Mientras, reconocen que una iniciativa a “seguir con interés” es el proyecto de cambio climático.
Asimismo, el gremio tiene, al menos, dos proyectos que mira con especial atención de cara a la “operación retorno”. Así lo reconoció la semana pasada el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien a partir de la reciente decisión de Minera El Abra de reducir su plan minero y desvincular trabajadores, recalcó en el Senado que incluso las grandes compañías “no son resilientes absolutamente ni resisten cualquier escenario”.
“Yo tendría mucho cuidado en algunos proyectos que se están tramitando en el Congreso, que de alguna manera le van a significar o implicar mayores cargas al mundo empresarial en general y al mundo minero en particular”, advirtió.
En ese sentido, se refirió a la moción que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. “En este escenario, no parece una buena idea disminuir jornadas laborales, porque eso significa en la práctica mayores costos e implica, con los precios que tenemos y la realidad que estamos viviendo, la probabilidad de que haya empresas que terminen por no ser viables”, dijo. Y agregó dentro de esa preocupación el proyecto que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio.
