Un tribunal de derechos humanos ordenó a Perú el viernes pagar indemnizaciones a los residentes de un pueblo andino por violaciones a su derecho a un medio ambiente sano debido a años de contaminación del aire, agua y suelo proveniente de una mina cercana.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el estado no cumplió con su deber de regular y supervisar el Complejo Metalúrgico de La Oroya, que estuvo activo durante casi un siglo antes de que deudas y regulaciones ambientales lo obligaran a cerrar en 2009.
Negligencia estatal en La Oroya
El tribunal confirmó que la exposición al plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre representaba un riesgo significativo para al menos 80 residentes locales, quienes no recibieron atención médica adecuada del gobierno cuando enfermaron.
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La corte determinó que cada uno de ellos debería recibir al menos $30,000 en indemnización, mientras que los más vulnerables recibirían $50,000.
Además, los beneficiarios legales de dos víctimas que murieron por enfermedades causadas por la contaminación deberían recibir $65,000 cada uno.
Respuesta gubernamental y situación actual
Funcionarios del gobierno de Perú y su ministerio de minería no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.
La Oroya reanudó parcialmente sus operaciones en 2023, gestionada por Metalúrgica Business Peru SAC, una empresa que cuenta con antiguos trabajadores entre sus accionistas y prometió cumplir con los estándares ambientales.
Importancia de la industria minera en Perú
Perú es el segundo productor de cobre más grande del mundo y la minería representa el 60% de sus exportaciones totales.
La corte ordenó al gobierno evaluar el estado actual de contaminación en La Oroya y proporcionar asistencia económica y médica gratuita a las víctimas.
