Las familias Duch y Sekul, socias históricas de la contratista minera Movitec, enfrentan una fractura judicial por el control de la empresa, mientras continúan las repercusiones del escándalo que derivó en la destitución de una ministra de la Corte Suprema.
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Una empresa en el ojo del huracán
Movitec, la histórica empresa chilena de servicios a la minería, se ha visto envuelta en dos crisis paralelas: una externa, por su rol en el caso judicial conocido como la “trama bielorrusa”, y otra interna, por el quiebre entre sus socios fundadores.
La compañía, que saltó a la polémica tras asociarse con la bielorrusa BelAZ para ejecutar obras en el proyecto Rajo Inca de Codelco, enfrenta ahora un conflicto entre sus propietarios, las familias Duch y Sekul, que mantienen una sociedad en partes iguales desde hace cinco décadas.
El 15 de abril pasado, Jaime Duch Higginson, fundador y expresidente de Movitec, junto a su hijo Cristóbal Duch León, presentaron una medida prejudicial contra sus socios Josip y Serjan Sekul Camus, y Verónica Gumpertz, esposa de uno de ellos. En su acción judicial, acusan haber sido marginados ilegalmente de la administración de la empresa desde 2023, coincidiendo con el estallido del caso que remeció al Poder Judicial.
Los Duch alegan que sus socios “tomaron de facto el control de la compañía” y les impiden acceder a información contable, bancaria y societaria clave. Según su presentación, desconocen la situación financiera exacta de Movitec, sus activos, deudas y movimientos de capital, por lo que piden que se les exhiban 29 grupos de documentos.
De la alianza con BelAZ al colapso del contrato con Codelco
La pugna societaria ocurre en paralelo al proceso judicial que dio origen al escándalo nacional. En marzo de 2021, Movitec —a través del consorcio CBM, junto a BelAZ— ganó una licitación con Codelco por $158 mil millones para el movimiento de tierras del proyecto Rajo Inca.
El contrato se transformó en el mayor de su historia, pero también en su principal problema. Atrasos reiterados, conflictos operacionales y la muerte de un operador en julio de 2022 llevaron a la estatal a finiquitar anticipadamente el contrato el 1 de febrero de 2023, ejecutando boletas de garantía por US$20 millones.
El golpe financiero fue devastador: el consorcio acumuló pasivos por más de $70 mil millones, mientras la cancillería bielorrusa intervenía diplomáticamente en defensa de BelAZ. Movitec y sus abogados —Mario Vargas y Eduardo Lagos— recurrieron sin éxito a tribunales, hasta que la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida por Ángela Vivanco, resolvió revertir el fallo en apenas 90 minutos.
Hoy, la Fiscalía investiga presuntos sobornos vinculados a esa resolución, en el caso que la prensa denominó “la muñeca bielorrusa”.
El deterioro interno tras la muerte del fundador
El conflicto entre los socios tiene raíces más antiguas. Movitec fue fundada en 1974 por Jaime Duch y Sergio Sekul Raquela, en partes iguales. Durante décadas, la empresa se consolidó como contratista de alto nivel en el sector minero.
Pero tras la muerte de Sekul en 2022, el equilibrio cambió. Sus hijos, Josip y Serjan Sekul, asumieron la representación familiar en el directorio junto a los Duch, pero pronto comenzaron los desencuentros.
La acción judicial de los Duch detalla una serie de renuncias de ejecutivos y directores independientes entre 2022 y 2023, entre ellos Jaime Duch León, quien dejó la gerencia general y fue reemplazado por Josip Sekul. Según los demandantes, los retiros se habrían originado por “actuaciones reñidas con la ley y la ética” de los Sekul.
Los Duch aseguran que desde entonces han sido sistemáticamente excluidos de la información financiera y que la empresa enfrenta un grave deterioro.
La defensa de los Sekul
Los Sekul, en un escrito judicial presentado el 15 de julio, rechazaron las acusaciones y apuntaron a sus socios como corresponsables de la crisis. Recordaron que el contrato con Codelco fue suscrito por Jaime Duch León, y que las pérdidas asociadas —por unos $33 mil millones— superaban el patrimonio de Movitec.
Además, sostienen que los Duch ejercieron funciones gerenciales incluso después del término del contrato, firmando cheques por $17 mil millones a proveedores, derivados —afirman— de los pagos ordenados por la Corte Suprema en el fallo cuestionado.
También niegan que los Duch ignoraran la situación crítica de la empresa, la cual enfrenta actualmente dos arbitrajes, cinco juicios de liquidación forzosa y más de 100 demandas civiles que totalizan $60 mil millones.
Para los Sekul, el recurso presentado por sus socios busca “deslindar responsabilidades” en el contexto del escándalo judicial y del colapso financiero de la compañía.
Entre tribunales y descrédito
Mientras el caso penal sobre la “trama bielorrusa” continúa en investigación, el juicio entre los socios de Movitec amenaza con prolongarse y profundizar la división en una empresa que, hasta hace poco, era sinónimo de eficiencia y prestigio en la minería chilena.
La audiencia clave en la causa civil está fijada para el 15 de noviembre, fecha en que podrían conocerse nuevos antecedentes sobre el manejo interno de Movitec.
Con las dos familias enfrentadas en tribunales, una estructura empresarial debilitada y una reputación golpeada, Movitec se ha transformado en un emblema de cómo las disputas societarias y los escándalos de corrupción pueden derrumbar décadas de trabajo compartido.
