Desde la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN) se ha planteado con firmeza la necesidad de una respuesta más rápida y eficaz por parte de las autoridades para enfrentar esta crisis.
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El robo de cobre: una crisis nacional
La creciente ola de robos y delitos en faenas mineras ha encendido las alarmas en la industria y en el mundo laboral.
El crimen organizado, con métodos cada vez más sofisticados, ha convertido el robo de cobre en una amenaza que no solo afecta la economía del país, sino que también pone en riesgo la seguridad de las y los trabajadores del sector.
Las cifras son contundentes. Durante 2024, la Compañía General de Electricidad (CGE) reportó el robo de 153,5 kilómetros de cable de cobre, equivalente a 45 toneladas del metal, en 451 episodios delictivos registrados entre Arica y La Araucanía.
La situación es aún más preocupante si se considera que la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a 30 integrantes del «Cártel del Cobre», una banda organizada que operaba en complicidad con empresas de fundición para comercializar el material robado. Este hecho revela que los robos no son casos aislados, sino parte de una red delictual bien estructurada.
El impacto de estos delitos trasciende lo económico y afecta directamente la seguridad de los trabajadores mineros y de sectores asociados.
La senadora Yasna Provoste, en una sesión del Senado, denunció la existencia de tomas de rehenes en faenas mineras, lo que subraya la gravedad de la situación.
Demoras legislativas y medidas insuficientes
Para hacer frente a esta crisis, el Boletín 14.983-07, presentado en 2023, propuso endurecer las penas por robo de cobre y receptación.
En septiembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó enmiendas clave, tales como:
- Comiso de vehículos y herramientas usadas en los delitos.
- Implementación de trazabilidad electrónica obligatoria para la comercialización de cobre.
- Medidas cautelares especiales, como allanamientos sin notificación previa para recuperar material robado.
Sin embargo, en enero de 2025, el Senado rechazó estas modificaciones, enviando el proyecto a una Comisión Mixta, lo que retrasa una solución efectiva al problema.
Mientras tanto, la Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO) ha implementado algunas medidas paliativas, como fiscalizaciones a chatarrerías en O’Higgins y Biobío, uso de drones para identificar puntos de robo en Talcahuano y la conformación de mesas público-privadas en Antofagasta y Atacama, con participación de empresas mineras como Pucobre y Candelaria.
CTMIN: exigencias por mayor protección
Desde la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN) se ha planteado con firmeza la necesidad de una respuesta más rápida y eficaz por parte de las autoridades para enfrentar esta crisis.
La organización ha subrayado la urgencia de garantizar la seguridad de las y los trabajadores del sector minero y ha puesto sobre la mesa medidas concretas que deben ser implementadas con celeridad.
En anteriores reuniones del Consejo Superior Laboral (CSL), CTMIN insistió en abordar el tema del robo en distintas faenas mineras. Producto de estas gestiones, en la reunión del CSL del 11 de febrero del 2025, el gobierno presentó un informe detallado a través de una exposición realizada por la Subsecretaria del Interior.
En este marco, CTMIN ha enfatizado la importancia de:
- Agilizar la tramitación de la ley 14.983-07, incorporando sanciones más severas para la falsificación de documentos utilizados en la comercialización de cobre robado.
- Aumentar significativamente las fiscalizaciones en chatarrerías, ya que actualmente solo un 10% es inspeccionado, de acuerdo con denuncias de organizaciones sindicales.
- Incluir medidas de protección específicas para los trabajadores en protocolos de emergencia, debido a la creciente exposición a ataques armados y cortes de energía provocados por estos delitos.
- Mantener un seguimiento riguroso sobre los compromisos del gobierno en esta materia, exigiendo resoluciones concretas desde el CSL para fortalecer la seguridad en las faenas.
Para CTMIN, es fundamental abordar estos temas desde el mundo sindical, ya que son parte de una agenda de diálogo social en la que los representantes de los trabajadores tienen un rol clave en resguardar la integridad física y la vida de quienes laboran en la minería. La coordinadora reafirma su compromiso de seguir presionando para que se implementen soluciones efectivas y se garantice un entorno seguro para las y los trabajadores.
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