La desalinización de agua de mar dio un paso clave en el Congreso tras el despacho del proyecto que regula su desarrollo y busca ordenar la instalación de infraestructura asociada en el borde costero, incorporando atribuciones reforzadas para la Dirección General de Aguas (DGA) y un enfoque preventivo ante eventuales impactos ambientales como la descarga de salmuera, según el detalle del avance legislativo informado en la nota sobre el texto que quedó listo para Sala. Desalinización: proyecto queda en condiciones de ser votado en Sala tras avance en Hacienda
Qué resolvió la Comisión de Hacienda y en qué etapa queda el proyecto
La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó el articulado de su competencia, dejando la iniciativa en condiciones de ser discutida por la Sala. El texto en tramitación corresponde al boletín 11608-09, “Sobre el uso de agua de mar para desalinización”, cuya ficha legislativa registra su ingreso en 2018 y su avance al segundo trámite constitucional. Tramitación del proyecto “Sobre el uso de agua de mar para desalinización” (Boletín 11608-09)
En la antesala de la votación en Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) expuso los objetivos del marco regulatorio: ordenar un sector que ha crecido sin una institucionalidad única, fijar un procedimiento más claro para concesiones y consolidar un rol fiscalizador para la DGA, con foco también en el abastecimiento para consumo humano y saneamiento. Avances legislativos del MOP en proyectos de plantas desaladoras
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Los cinco ejes del marco regulatorio que se discute
El diseño del proyecto se estructura en cinco componentes, presentados como el corazón de la propuesta:
- Concesión marítima especial para iniciativas de desalinización, con informe técnico vinculante de la DGA.
- Estrategia Nacional de Desalinización, con lineamientos, metas e indicadores de seguimiento.
- Servidumbre legal de desalinización, orientada a habilitar infraestructura asociada (por ejemplo, conducción).
- Preferencias enfocadas en resguardar el derecho humano al agua y al saneamiento.
- Fiscalización y sanciones radicadas en la DGA.
Junto con lo anterior, se expuso que la estrategia también buscaría fijar criterios para identificar zonas con mayor aptitud para proyectos de extracción, conducción y desalinización, apuntando a reducir incertidumbre y conflictos posteriores en el borde costero.
Nueva unidad en la DGA y gasto fiscal asociado
El articulado considera la creación de una unidad especializada en la DGA, con tareas asociadas a elaborar y dar seguimiento a la Estrategia Nacional de Desalinización, además de tramitar solicitudes vinculadas a concesión y destinación, y revisar fiscalizaciones y expedientes sancionatorios.
En el debate se indicó que el gasto fiscal se concentraría en esa nueva unidad —principalmente por personal y bienes y servicios—, con una estimación de más de $725 millones al tercer año y luego $342 millones en régimen, de acuerdo con lo informado en la discusión parlamentaria del avance del proyecto. Desalinización: proyecto queda en condiciones de ser votado en Sala tras avance en Hacienda
Indicaciones con foco preventivo: salmuera y riesgos sobre el medio marino
En la misma sesión, Hacienda respaldó por mayoría una indicación que incorpora un criterio preventivo en la evaluación de concesiones, orientado a considerar riesgos de impacto ambiental, con mención expresa a elementos como:
- Descarga de salmuera.
- Contaminación.
- Alteración significativa del cuerpo de agua marina, entre otros efectos.
El giro apunta a incorporar la prevención en la evaluación, antes que una lógica únicamente correctiva posterior, manteniendo la atención sobre efectos asociados a captación, descarga y operación de infraestructura costera.
Contexto: la presión por infraestructura hídrica y el peso de la minería
El avance legislativo se produce en un escenario donde la desalinización ya forma parte de la estrategia hídrica de varios sectores, con un uso relevante en minería y una cartera de proyectos en expansión en el norte del país. En Chile, el debate sobre permisos, trazabilidad institucional y estándares ambientales se cruza con la necesidad de asegurar suministro sin cargar aún más las fuentes continentales, especialmente en zonas de estrés hídrico. Los pro y los contra de las plantas desaladoras para paliar la escasez hídrica en minería
En esa línea, también se ha reportado el crecimiento de la infraestructura desaladora a gran escala, con la minería como principal usuaria en varios casos, lo que eleva la sensibilidad regulatoria sobre concesiones marítimas, conducción y estándares de fiscalización. Minería en Chile lidera uso de desalinización con 24 plantas y proyecta duplicar capacidad
Qué viene ahora en la tramitación
Con el despacho en la Comisión de Hacienda, el proyecto queda en condiciones de ser votado por la Sala de la Cámara, en un punto donde la discusión se concentrará en el equilibrio entre acelerar inversión e infraestructura, y elevar resguardos institucionales y ambientales, con la DGA como eje fiscalizador y la Estrategia Nacional como instrumento rector para orientar el desarrollo del sector.
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