Con respaldo en la Comisión de Hacienda de la Cámara, la iniciativa que fomenta la desalinización de agua de mar dio un paso decisivo en su tramitación, incorporando nuevas reglas de concesión, una estrategia nacional y mayores atribuciones fiscalizadoras para la Dirección General de Aguas (DGA), junto con un criterio preventivo por eventuales impactos ambientales.
Respaldo político-técnico para acelerar inversiones y resguardos
La Comisión de Hacienda aprobó, en lo de su competencia, el proyecto que establece medidas de fomento a la desalinización, dejándolo listo para ser revisado por la Sala. El movimiento apunta a destrabar definiciones institucionales que han tensionado el desarrollo de infraestructura hídrica en zonas costeras, sin perder de vista la exigencia de control público sobre iniciativas de alto impacto.
Obras Públicas defiende cambios para “ordenar y acelerar”
Previo a la votación, el Ministerio de Obras Públicas expuso los alcances del texto. El coordinador hídrico, Carlos Estévez, planteó que la propuesta —ya aprobada por el Senado y por la Comisión de Recursos Hídricos— introduce ajustes destinados a dar mayor certeza y velocidad a los proyectos, con resguardos y roles más definidos. La frase clave objetiva es que el proyecto busca ordenar y acelerar la desalinización con resguardos y claridad institucional.
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Cinco ejes para un marco regulatorio más claro
El articulado se estructura en torno a cinco componentes: una concesión marítima especial con informe técnico vinculante de la DGA; una Estrategia Nacional de Desalinización con lineamientos, metas e indicadores; una servidumbre legal para habilitar infraestructura; preferencias destinadas a resguardar el derecho humano al agua y saneamiento; y un esquema de fiscalización y sanciones radicado en la DGA.
Estrategia nacional y definición de zonas aptas
Según lo informado en la discusión, la estrategia buscará establecer criterios para identificar zonas con mayor aptitud para la extracción, conducción y desalinización, intentando compatibilizar planificación territorial, disponibilidad técnica y exigencias ambientales, de modo de evitar conflictos posteriores y dar previsibilidad a la inversión.
Nueva unidad especializada en la DGA y presión fiscal acotada
El proyecto contempla crear una unidad especializada en la DGA, encargada de elaborar y monitorear la estrategia, tramitar solicitudes vinculadas a concesión y destinación, y revisar fiscalizaciones y expedientes sancionatorios. En Hacienda se precisó que el gasto fiscal se concentraría en personal y bienes y servicios: el mayor costo se proyecta al tercer año, sobre $725 millones, y luego $342 millones en régimen.
Indicaciones: criterio preventivo por salmuera y alteración marina
Junto con aprobar los artículos de su competencia, la comisión respaldó una indicación que incorpora un criterio preventivo en la evaluación de concesiones, orientado a ponderar riesgos de impacto ambiental —en especial por descarga de salmuera—, contaminación o alteración significativa del cuerpo de agua marina, reforzando una mirada de anticipación más que de corrección ex post.
En la misma jornada: avance del acuerdo Chile–CERN
En otro punto de la sesión, Hacienda aprobó de forma unánime el acuerdo entre Chile y el CERN para otorgar al país el carácter de Estado Miembro Asociado, suscrito en Ginebra el 16 de mayo de 2025, con aportes considerados en el Presupuesto 2026, según se informó en el trámite legislativo.
